La iniciativa, presentada por la derecha para “humanizar el castigo penal”, pretende sustituir penas de cárcel a personas mayores, enfermas o con discapacidad.
Durante el debate en la sala, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, advirtió que entre los potenciales beneficiarios de este proyecto estarían 370 personas condenadas por asesinatos, torturas y desapariciones durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
A ellos se suman 365 sancionados por delitos de extrema gravedad como violaciones de menores, homicidios y parricidios.
De acuerdo con el ministro, este proyecto no solo tensiona el derecho interno, sino que coloca a Chile en abierta contradicción con sus compromisos internacionales, incluyendo el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al participar en la sesión, el senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista (PS), recordó que él tenía tres años cuando asesinaron a su padre en Puerto Montt y el responsable del crimen, conocido como Juan Metralla, tiene 77 años y sería beneficiado por esta iniciativa.
“Este proyecto sí es impunidad”, denunció Espinoza, y añadió que el criminal preso ahora en Punta Peuco asesinó también a muchos campesinos, torturó y violó a mujeres.
La senadora Fabiola Campillai, quien perdió la visión durante la represión de las fuerzas de seguridad al estallido social en 2019, expresó su rechazo a conceder privilegios procesales a quienes cometieron los crímenes más graves.
Conceder beneficio a estos internos no solo es un acto de negligencia legislativa, es un agravio directo al dolor de las víctimas, expresó.
Para el legislador Gastón Saavedra, del PS, este proyecto busca negar el pasado y cubrir con un manto de impunidad a quienes fueron los responsables de torturas y asesinatos.
Saavedra advirtió también sobre la decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de nombrar como ministro de Justicia y Derechos Humanos a Fernando Rabat, un exabogado defensor de Pinochet, lo cual –dijo- “es un fiel reflejo de la identidad política del mandatario electo”.
Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos condenaron el proyecto y advirtieron que sustituir cárcel por domicilio en estos casos es una forma de vaciar de contenido las condenas y enviar una señal inequívoca de indulgencia estatal hacia quienes actuaron desde el aparato represivo.
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