Si bien en el anterior quinquenio parlamentario, que concluyó el 15 de diciembre pasado, se aprobaron 100 nuevas leyes, para el presente año la Asamblea Nacional (parlamento) se trazó la meta en su Agenda Legislativa Básica 2026-2027 de debatir y sancionar 29 anteproyectos. A estas propuestas podrían incorporarse otras de los diputados y de la ciudadanía, explicó el presidente del parlamento Jorge Rodríguez.

Enfatizó en que dieron prioridad a las iniciativas presentadas por las Comisiones Permanentes, las realizadas por los diputados, la Junta Directiva de la Asamblea y las provenientes del Poder Ejecutivo.

Del total de propuestas, este último presentó 12 y otras 17 correspondieron al órgano legislativo.

Rodríguez explicó que acentuaron el trabajo para acompañar al pueblo de Venezuela en el proceso de “construcción de una economía fuerte”, que distribuya prosperidad para todos, con el objetivo consolidar la paz de la República, la seguridad del trabajo y fortalecer todas las “formas de democracia profunda”.

Subrayó que Venezuela ha venido trabajando en esa dirección desde los inicios de la Revolución bolivariana y de manera “muy acelerada” en la presidencia de Nicolás Maduro, quien permanece secuestrado en Estados Unidos junto a la primera combatiente Cilia Flores desde el pasado 3 de enero.

El primer periodo parlamentario prevé también realizar un trabajo organizativo de leyes importantes y necesarias, al perder algunas su vigencia y funcionabilidad, que estarán organizadas en ocho grandes códigos que “modernicen la legislación venezolana y la haga más útil para los ciudadanos”, dijo Rodríguez.

Estos están referidos a un nuevo Código Penal; Código Social; Código Económico y de Comercio; Código de Democracia Directa y Poder Comunal; Código Civil; Código para la Protección del Medioambiente; Código Integral de la Familia; y un nuevo Código Electoral.

Como primer paso, el parlamento aprobó el jueves en primera discusión la Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos, la Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos de la Administración Publica, y la propuesta de reforma parcial a Ley Orgánica Hidrocarburos.

Estas tres normativas jurídicas las propuso en la Memoria y Cuenta la presidenta encargada y en su primera discusión en el hemiciclo legislativo quedaron aprobadas por mayoría calificada.

Una de las leyes de mayor controversia presentadas resultó, sin dudas, la de Hidrocarburos, con un gran debate, inclusive cruzado, entre los representantes de las bancadas oficialista y de las oposiciones, donde se planteó ahondar en algunos de sus puntos.

Si bien la discusión resultó intensa, primó el juicio político, que como dijo el secretario general Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, quien habló en nombre de su partido y de la Alianza Democrática, en este momento “lo más importante es el destino y el futuro de la estabilidad democrática del país”.

La reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos tiene entre sus objetivos adecuarse a las nuevas circunstancias que rigen el escenario mundial y mercado internacional de la producción petrolera.

Al decir del presidente del parlamento se trata de realizar las “reformas necesarias” que permitan un acelerado incremento en la producción de petróleo en Venezuela.

“Necesitamos hacerlo ya, porque cada día que pasa con un petróleo no extraído “es un día que se pierde”, aseveró.

Esa Ley de Hidrocarburos fue sancionada en 2006, marcó un avance fundamental en el país, por lo que 20 años después “es necesario adoptar un nuevo instrumento al mercado de los hidrocarburos” y nace como una “necesidad imperativa” de la legislación adaptada a los nuevos tiempos.

Así lo expuso el diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional.

El anteproyecto contempla tres aspectos importantes como la incorporación “exitosa de negocios” derivados de la ley constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la garantía de los Derechos Humanos, que incluye los Contratos de Participación Productiva.

Esto significa que la empresa operadora asume la gestión integral a su propio riesgo y costo, y el Estado “no adquiere deudas y la retribución de las operadoras consiste en la participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados”, explicó Camacho.

También se proponen mecanismos para garantizar la viabilidad de proyectos económicos en aquellos campos no desarrollados que requieren un equilibrio para construir el régimen fiscal y a su vez de altas inversiones para su desarrollo.

Asimismo, propone aumentar las garantías jurídicas para la inversión del sector de los hidrocarburos, incorporando acudir a mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos, siempre bajo el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La presienta encargada durante la instalación la víspera del Programa para la Convivencia y la Paz convocó de manera inmediata a un “diálogo político venezolano” entre todos los sectores para fortalecer la tranquilidad del país y contribuir al bienestar social del pueblo.

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