Durante un recorrido que partió del Parque Cuscatlán hasta la Plaza Gerardo Barrios, en el centro histórico, miles de salvadoreños macharon en conmemoración del 34 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el cese del régimen y el respeto a los derechos humanos que presuntamente viola el gobierno.

Asimismo las proclamas y pancartas se manifestaban por el respeto al debido proceso para las personas detenidas bajo dicha medida que aseguran afecta la institucionalidad democrática y el fin de los despidos injustificados en el sector de salud y educación.

Algunas de los carteles exigían además la libertad para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos, país al que también demandaron el cese del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

Sonia Urrutia, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), convocante de la protesta pacífica, indicó que la conmemoración busca recordar los principios fundamentales de los acuerdos, como la protección de los derechos humanos y la creación de instituciones al servicio de la población.

En declaraciones a medios de prensa, la activista dijo que el país enfrenta una profunda crisis al retroceder en sus derechos democráticos.

Puntualizó que a casi cuatro años de la aplicación del régimen de excepción existen persecuciones contra sindicatos y organizaciones de derechos humanos, donde personas son arrestadas sin garantías legales dentro de la medida de excepción.

No puede haber paz con dignidad sino se respetan los derechos humanos, en el cual como movimiento social exigimos el cese del régimen de excepción que tanto daño hace a las familias más pobres del país, remarcó.

Durante la marcha, participantes manifestaron sus exigencias, entre ellas la liberación del abogado Enrique Anaya y la jefa de Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, quienes desde mediados del año 2025 fueron detenidos por presuntos actos delictivos.

Una demanda que ya es constante fue la derogación de la Ley de la Minería Metálica aprobada por el gobierno al suprimir una prohibición de ese tipo de actividad en el país.

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