“(…) Esto viene ahora para que tengamos base social, hay que comer, hay que salir adelante. Entendemos el sacrificio que se está haciendo”, afirmó el mandatario durante el acto en que culpó de la actual situación a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Según se informó, los beneficiarios son mujeres que percibieron el Bono Juana Azurduy hasta el 30 de noviembre de 2025 y personas con discapacidad visual que recibieron el Bono Anual de Indigencia hasta el 15 de diciembre del año pasado.
Igualmente, se benefician discapacitados grave o muy gravemente, registrados en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad hasta el 30 de noviembre del año recién concluido, además de padres o tutores de alumnos de colegios fiscales.
Consiste el PEPE en el pago de una suma total de 450 bolivianos (unos 65 dólares al cambio actual), que se entregará de forma mensual en cuotas de 150 unidades monetarias durante enero, febrero y marzo, o de manera acumulada hasta el 30 de abril para quienes así lo decidan o no puedan cobrar en los plazos establecidos.
De acuerdo con el gobernante, el financiamiento para este bono se obtuvo del recorte de “ítems fantasmas” (plazas) que fueron aprobadas durante la gestión gubernamental del MAS.
El Ministerio de Economía, en tanto, anunció que los beneficiarios del programa social podrán cobrarlo desde este lunes a través de 44 entidades financieras nacionalmente.
Asistieron al acto una delegación del Banco Mundial, autoridades de la Gobernación de Potosí y el ministro de Defensa, Raúl Salinas, quien realizó la entrega de ayuda humanitaria para comunidades afectadas por fenómenos climáticos.
Resalta este lunes entre las voces críticas contra esta medida de beneficio social la del especialista Martín Moreira, integrante de la Red de Economía Política Boliviana.
“El Bono PEPE (…) pretende aliviar la situación de las familias más vulnerables, una situación que en gran parte ha sido provocada por las propias decisiones gubernamentales, como el levantamiento de subvenciones y los beneficios de perdonazo impositivo otorgados a grandes fortunas, favoreciendo a alrededor de 156 de los más ricos del país (…)”, opinó Moreira.
Añadió en el diario digital Encuentros, que, aunque existe, se paga y se anuncia con énfasis, su impacto real en la economía de los hogares es limitado.
Evidencia -sostuvo- la distancia entre el discurso oficial de protección social y la realidad cotidiana del costo de vida en Bolivia, mientras además se recurre al endeudamiento externo y al uso de recursos provenientes del ahorro de los jubilados.
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