El Ministerio de Relaciones Exteriores emprendió acciones legales según un comunicado oficial de la Cancillería, el cual confirmó que el pasaporte diplomático número DE01266 fue otorgado el 8 de septiembre de 2022 a la entonces diputada suplente Laura Rojas, tras solicitud de la Cámara de Diputados, de acuerdo con la normativa vigente.
Sin embargo, dejó claro que “el uso de este documento estaba condicionado al ejercicio del cargo parlamentario y que debía ser devuelto una vez concluida dicha función”.
Advirtió, además, que el empleo de un pasaporte diplomático anulado, así como la atribución indebida de prerrogativas estatales para evadir controles aduaneros en un vuelo chárter privado, deben ser investigadas y sancionadas conforme a la ley vigente.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores -sostiene el comunicado oficial-, instruyó a su Dirección General de Asuntos Jurídicos el inicio inmediato de las acciones penales correspondientes contra Laura Rojas Ayala”.
Igualmente, la Cancillería exhortó a la fiscalía y a la Policía Boliviana profundizar la investigación sobre las circunstancias que propiciaron el ingreso sin control de la exautoridad y de 32 maletas sin la debida fiscalización en Viru Viru, pese a existir una alerta previa emitida por esta cartera.
La Cancillería reiteró “su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de la fe del Estado”(…), y advirtió que (…) no tolerará el uso de instrumentos oficiales ni privilegios diplomáticos para encubrir intereses particulares.
Según el medio Urgente.bo, las 32 maletas permanecieron inicialmente en depósitos aduaneros y luego fueron trasladadas a un galpón de una empresa de seguridad privada en Santa Cruz, donde las autoridades encontraron más de 79 kilogramos de marihuana camuflada en líquidos, chocolates y otros productos.
Ese deposito es propiedad del juez Hebert Zeballos, quien ya fue aprehendido.
Ante la prensa, el fiscal Julio César Porras informó que se alista la presentación de la imputación formal en contra Zeballos por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
De su lado, la Aduana afirmó informó que se constituirá en parte querellante de la causa y se comprometió a la entrega total de información, documentación y cooperación técnica para garantizar que los responsables “enfrenten el rigor de la ley”.
“No vamos a encubrir ningún acto de corrupción, sea quien sea (…)», aseguró Alberto Soto, presidente de la Aduana Nacional.
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