Una vez más los partidos La Francia Insumisa (LFI) y Agrupación Nacional (RN), encasillados en suelo galo como la izquierda radical y la extrema derecha, respectivamente, acudieron a la cámara baja con iniciativas que buscan la caída de Lecornu, quien este mes ya ha sobrevivido a cuatro intentos de censura.
En esta ocasión, las mociones responden al uso del 49.3 de la Constitución, un recurso que esquiva el voto parlamentario, para aprobar la partida de “gastos” de la Ley de Financiación del Estado 2026, norma que no fue posible adoptar en diciembre por la polarización política imperante.
El primer ministro ya había esgrimido en enero el polémico artículo para pasar la partida de “ingresos”, por lo que tuvo que lidiar el pasado viernes con mociones de LFI y RN, ambas derrotadas en la Asamblea.
Lecornu se comprometió tras llegar a Matignon en septiembre a no usar el 49.3 como gesto de buena voluntad con la oposición frente a la crisis política, la que costó el puesto a sus dos predecesores, el conservador Michel Barnier, censurado en diciembre del 2024, y el centrista François Bayrou, a quien la Asamblea Nacional le negó la confianza nueve meses después.
Para los entendidos y la prensa, las mociones que votará este viernes el Hemiciclo tienen escasas posibilidades de éxito, a partir de la decisión del Partido Socialista de no acompañarlas.
Hace cuatro días, el intento de censura de LFI –respaldado por los comunistas y los ecologistas- quedó a solo 18 votos de triunfar, un escenario similar al que debería producirse hoy, mientras que la de RN podría rondar los 140 diputados a favor, muy lejos de los 288-289 requeridos.
Los socialistas son criticados por aportar la tabla salvadora al jefe del Gobierno, quien le ha hecho varias concesiones en sus proyectos de leyes de Financiación de la Seguridad Social y del Estado.
Tanto los insumisos como RN no ocultan su objetivo de derrocar al primer ministro y de conseguir elecciones anticipadas, ya sean legislativas o presidenciales.
Lecornu justifica acudir al 49.3, casi una regla de sus antecesores después de que el oficialismo perdiera la mayoría absoluta en la Asamblea en 2022, con la responsabilidad del Gobierno de dotar a Francia de un presupuesto, contra lo que denuncia como el bloqueo opositor.
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