Mediante una nota de prensa, la PGJ precisó que el Juzgado Noveno del Distrito Penal de Juicio de Managua dictó la Sentencia número 01-2026, en la cual se establece la culpabilidad de ambos acusados conforme a los artículos 282 y 283 del Código Penal reformado y la legislación especial aplicable.

La autoridad judicial tuvo por plenamente acreditado que los procesados actuaron de forma concertada y continuada en un esquema estructurado de ocultamiento, administración y circulación de fondos de origen ilícito provenientes de defraudación tributaria, utilizando múltiples sociedades mercantiles, cuentas bancarias y operaciones financieras para disimular el origen y destino del dinero.

Durante el juicio oral y público, el órgano jurisdiccional valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron establecer la existencia del delito, la participación directa de los acusados y la trazabilidad financiera de los recursos ilícitos.

Según la resolución, el entramado incluyó el uso de testaferros, mediante el reclutamiento de empleados y terceros para figurar como socios de empresas fachada; una ingeniería societaria ilícita que involucró 49 sociedades, de las cuales 35 operaban activamente; y maniobras de lavado de dinero a través de préstamos ficticios y transferencias internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia señala que estas conductas lesionaron gravemente los intereses patrimoniales del Estado y la transparencia del sistema financiero nacional, al socavar la recaudación fiscal y distorsionar la economía del país.

El tribunal determinó que la operatividad financiera fue compleja y prolongada en el tiempo, orientada a integrar capitales ilícitos que ascendieron hasta dos mil 713 millones 583 mil 217 dólares y 82 mil 344 millones 806 mil 790 córdobas, configurando plenamente el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado.

Como medidas resarcitorias, y en cumplimiento de la Ley 735 sobre prevención e investigación del crimen organizado, la resolución ordenó la cancelación de sociedades mercantiles y el decomiso de bienes vinculados a la actividad ilícita.

La PGJ informó además que Amelia Ibarra y Amílcar Manuel Ibarra fueron identificados como coautores del delito de lavado de activos en la misma modalidad, y que ambos se encuentran prófugos, por lo que la causa judicial en su contra, permanece abierta.

La PGJ reafirmó su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, y aseguró que continuará ejerciendo las acciones legales correspondientes para proteger los intereses del Estado y garantizar la persecución de los delitos que atenten contra el orden económico y financiero nacional.

Antes de su detención, Arce fue uno de comandantes de la Dirección Nacional del FSLN en los años 80 y desempeñó importantes cargos dentro del Gobierno.

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