La antigua jueza del máximo organismo de justicia está vinculada con los ilícitos de cohecho y lavado de activos, por la presunta recepción de fuertes sumas de dinero del consorcio Belaz Movitec, a cambio de fallos favorables en un caso contra la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

El esposo de Vivanco, Gonzalo Migueles, y dos abogados, guardan prisión desde finales de 2025 por los mismos delitos, más tráfico de influencias, en la trama conocida como Muñeca Bielorrusa.

La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), que agrupa a los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial, emitió un comunicado respecto a este caso.

Señala que, si bien las acusaciones contra una antigua jefa de la Corte confirman la grave y profunda crisis en el Poder Judicial, también representan una oportunidad para recuperar la confianza ciudadana.

Victoria Escalante, presidenta de Fenadaj, dijo que el caso Vivanco es una señal clara de que en Chile existen grupos de poder que actúan desde la impunidad y el abuso de la justicia.

“Como Federación lo señalamos en diversas oportunidades: urge una revisión profunda, no sólo de las estructuras formales de los tribunales, sino también de los estándares éticos y de los mecanismos de fiscalización de jueces”, dijo Escalante.

La diputada Camila Musante, quien es querellante por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, demandó poner fin a un sistema que corrompe la administración de justicia en Chile con pagos millonarios para favorecer a determinadas empresas.

Mientras miles de familias esperan largo tiempo un veredicto cuando son víctimas de un homicidio o robo, resulta que las máximas autoridades del país llevan el estandarte de la delincuencia de cuello y corbata, aseguró la legisladora.

La diputada Musante dijo esperar que Vivanco sea la primera en ser procesada de una larga lista de involucrados en el tráfico de influencia en los órganos de justicia del país.

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