En su cuenta de la red social X, la Fiscalía señaló que el objetivo es recabar indicios del denominado caso Caja Chica, donde se investiga un presunto caso de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

“Se presume que ingresaban dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”, según la información publicada.

Aunque la Fiscalía no detalló los nombres de las personas investigadas, el expresidente y líder de la RC, Rafael Correa, aseguró en redes sociales que los allanamientos fueron en las viviendas de González, del asambleísta por Pichincha Patricio Chávez, y del excandidato presidencial Andrés Aráuz.

Además, las autoridades intervinieron en la casa de la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur.

“¡Ni en las peores dictaduras! Por una denuncia del mes de noviembre con RESERVA DE IDENTIDAD, Fiscalía ordena allanamientos”, escribió Correa en sus redes sociales.

El exmandatario expuso que la denuncia ni siquiera fue conocida por la organización política, por lo que advirtió que se trata de un nuevo caso de persecución que lo incluye a él y a otros dirigentes.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, de la misma organización, expresó su solidaridad con sus compañeros “víctimas de persecución judicial” y alertó que esa pelea no es de un partido político, “sino por defender la democracia, no solo el Ecuador, sino el mundo entero vive tiempos oscuros”.

“Cuando el país demanda con urgencia que este gobierno haga algo por la seguridad y enfrente una verdadera lucha contra el crimen organizado, priorizan su agenda política”, comentó Pabón.

Por su parte, la abogada Sonia Vera alertó a organismos internacionales que esto no es aislado,es un patrón sistemático de “lawfare”, con denuncias opacas, “previas” prolongadas como presión, estigmatización penal y selectividad política, que vulnera el debido proceso, erosiona el Estado de derecho y configura persecución política.

El pasado 26 de enero, el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) y secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, señaló que con apoyo internacional se habrían identificado los flujos de financiamiento ilegal hacia actores políticos y entidades descentralizadas.

En ocasiones anteriores, el presidente, Daniel Noboa, ha acusado públicamente a la RC de recibir financiamiento de Venezuela para sus campañas, aunque no han presentado pruebas concretas.

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