En una resolución política aprobada por su Comisión Ejecutiva Nacional, el PT señaló que la próxima contienda electoral no se limitará a una disputa entre candidaturas, sino que enfrentará dos proyectos antagónicos.

De un lado, una propuesta democrática, popular y soberana; y de otro, una excluyente, alineada con el capital financiero y la extrema derecha global, representada por el bolsonarismo.

El documento resaltó los resultados económicos y sociales del actual Gobierno, incluidos la salida de Brasil del mapa del hambre, el crecimiento de la economía por encima del tres por ciento, la reducción del desempleo a su nivel histórico más bajo, el aumento real del salario mínimo y la caída de la desigualdad.

También destacó la ampliación de la franja de exención del Impuesto sobre la Renta para quienes ganan hasta cinco mil reales mensuales y el avance hacia una mayor progresividad tributaria, con mayor contribución de los superricos.

La resolución subrayó, además, el retorno de Brasil al protagonismo internacional, con liderazgo en la agenda ambiental, defensa de la soberanía nacional y promoción de un mundo multipolar basado en la cooperación.

Mencionó la realización de la COP30 el año pasado en el país y el reconocimiento al papel de pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales.

El texto advirtió, sin embargo, sobre la resistencia de sectores poderosos, al mencionar la presión por mantener altos intereses, la captura creciente del presupuesto mediante enmiendas parlamentarias, escándalos financieros y la actuación desregulada de grandes plataformas digitales en la difusión de desinformación y odio político.

Asimismo, el PT manifestó que la extrema derecha brasileña está conectada orgánicamente a una red internacional que combina desinformación a gran escala, manipulación algorítmica, movilización a través del miedo, ataques a las instituciones democráticas y financiación transnacional

De cara a los comicios de octubre próximo, afirmó que la reelección de Lula es una condición estratégica para consolidar la democracia y derrotar al bolsonarismo, y defendió la necesidad de construir una mayoría democrática y popular en el Congreso Nacional, con superior representación de trabajadores, mujeres, jóvenes, población negra y personas LGBT.

La resolución otorgó centralidad al combate al feminicidio, al racismo y a toda forma de discriminación, y convocó a la militancia a organizar un calendario nacional de movilizaciones en defensa del gobierno, contra la extrema derecha y por la ampliación de derechos sociales y laborales.

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