La extensión de la herramienta estrella del gobierno contra las pandillas fue aprobada por votación nominal y pública, con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados de Concertación Nacional (PCN) y Democracia Cristiana (PDC) y el voto en contra del partido Vamos, mientras que el derechista Arena se ausentó.

Los presuntos pactos con las pandillas por políticos y partidos fueron centro del debate donde el oficialismo justificó que con la medida hay 91 mil presuntos pandilleros y colaboradores tras las rejas,

La ampliación abarcará desde el 31 de enero y concluirá el 1 de marzo de 2026, y mantendrá suspendidas tres garantías constitucionales para todos los salvadoreños, relacionadas con el derecho de defensa, máximo plazo de detención administrativa y a la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

En defensa de la normativa se pronunciaron los diputados de Nuevas Ideas (NI), entre ellos Caleb Navarro, subjefe de fracción, quien afirmó que esa es “la herramienta constitucional que más vidas ha salvado y que, por supuesto, como de NI hemos estado apoyando desde el día uno de la aprobación, y esto ha sido un éxito de seguridad».

Navarro cuestionó a la oposición porque presuntamente dicen que “no hay resultados y que nuestro país no vive en paz? Si se han capturado 90 mil 894 terroristas hasta este día… gracias a este régimen, El Salvador tiene una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 1.3”, sostuvo.

Mientras en el bando contrario, Cesia Rivas, del partido Vamos, emplazó al los diputados de NI a demostrar que sí hay justicia en el país.

Todos estamos claros que queremos a los pandilleros, a los criminales en la cárcel, pero queremos un país sin margen de error; ese margen de error, reconocido por el gobierno, ha terminado con la vida de jornaleros, de estudiantes, de maestros, de sindicalistas, de salvadoreños de bien, dijo.

Aseveró que en el país existe impunidad cuando se trata de desaparecidos. “Cállenme la boca y vayan a las fosas clandestinas”, demandó.

Por su parte, el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, contrarrestó las acusaciones y afirmó que mientras sea necesario, vamos a seguir aprobando la normativa.

Según opositores que denuncian presuntas violaciones de derechos humanos, el régimen de excepción, es una herramienta usada por el gobierno para intimidar a la oposición, mientras claman por una norma que no afecte a todos los salvadoreños con sus restricciones.

arc/lb