El Viceministro de Transparencia, Yamil García, aseguró en conferencia de prensa que la ilícita está vinculada a la compra de un terreno y la construcción del edificio de la Aduana Nacional en Tarija.

Precisó que la acusación apunta principalmente a Serrudo, además de la empresa constructora favorecida y el vendedor del terreno en el cual se edificó la infraestructura.

De acuerdo con García, las irregularidades halladas podrían haber generado un daño económico al Estado estimado en al menos 9 millones de bolivianos (un millón de dólares), debido a posibles sobreprecios en la compra del terreno y en la ejecución de la obra.

Igualmente, fueron identificadas inconsistencias en la superficie entregada, pues, pese a que el contrato establecía una extensión mayor, la Aduana recibió solo mil metros cuadrados.

“(…) Existe ya una comisión de fiscales que está a cargo, existe un juez que está bajo control jurisdiccional y se ha dispuesto el inicio de esta investigación en la ciudad de Tarija, considerando que los hechos han ocurrido en esa ciudad”, declaró el vicetitular.

Agregó que, según documentos oficiales, el terreno no cumplía con los requisitos técnicos y legales exigidos en la convocatoria, entre ellos condiciones de ubicación, accesos, saneamiento legal y compatibilidad de uso de suelo.

La denuncia también alerta de posibles anormalidades en el proceso de adjudicación, pues la empresa constructora habría obtenido baja calificación técnica, pero aun así resultó ganadora.

Se añade a esta irregularidad observaciones relacionadas con la ubicación de la obra, calificada de “inadecuada” según el Plan de Uso de Suelo municipal, además de la falta de planos aprobados por la Alcaldía.

Adicionalmente, se expresa que la infraestructura no cubre las necesidades operativas de la Aduana, lo cual obliga a mantener el alquiler de otros inmuebles, además de supuestas deficiencias técnicas en la estructura, como riesgos de filtraciones y problemas en las condiciones del terreno.

Representantes del Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz sostuvieron que este escándalo se suma a un conjunto de investigaciones sobre presuntas irregularidades registradas en las últimas dos décadas bajo los gobiernos del Movimiento Al Socialismo.

Anticipó García que los resultados de las pesquisas serán informados en correspondencia con las leyes vigentes.

El viceministro acotó que Serrudo y los otros implicados están denunciados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

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