En su informe anual sobre el tema, la Autoridad Palestina de Calidad Ambiental señaló que tales violaciones se enmarcan en una política israelí destinada a agotar los recursos naturales en los territorios ocupados.

Tales acciones representan una clara violación del derecho internacional humanitario y las convenciones internacionales pertinentes, alertó.

El organismo precisó que en esos 12 meses la mayoría de los ataques se ejecutaron contra las fuentes de agua, incluidos 57 a pozos de agua y 32 a redes de distribución.

La agresión provocó afectaciones a miles de ciudadanos, que fueron privados de su derecho a obtener agua potable, y afectó directamente la agricultura y la seguridad alimentaria, subrayó.

En cuanto al sector del saneamiento, el informe documentó 17 violaciones relacionadas con el bombeo de aguas residuales desde los asentamientos a valles y tierras agrícolas palestinas, en particular en las gobernaciones de Qalqilya, Salfit, Belén, Hebrón y Jericó.

El texto registró 158 ataques a tierras agrícolas, entre ellas destrucción de estructuras, incendios, construcción de caminos de colonias y confiscación de grandes áreas.

Esas acciones provocaron la destrucción de la cubierta vegetal, la degradación del suelo y el debilitamiento de los medios de vida de los agricultores, muchos de los cuales fueron obligados a abandonar sus terrenos, señaló.

La Autoridad también documentó 168 ataques a la cubierta vegetal, que incluyeron el arranque y la quema de miles de árboles frutales, especialmente olivos, además del pastoreo excesivo y el cierre de caminos agrícolas.

En cuanto al ganado, denunció 57 incursiones, entre ellas la demolición de graneros, el robo y la matanza de animales y la prohibición a los pastores de acceder a las zonas naturales.

El documento señaló que gran parte de estas violaciones estaban directamente relacionadas con la expansión colonial por la construcción de nuevas carreteras, asentamientos y puestos de avanzada en tierras agrícolas y pastorales.

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