La excandidata presidencial por la RC Luisa González catalogó como una “persecución política abierta” contra opositores luego de que la Fiscalía ejecutara el pasado miércoles allanamientos a su vivienda y a las de otros miembros de la organización.

El Ministerio Público informó que ese operativo forma parte del caso denominado Caja Chica, que investiga el recibimiento por parte de la RC de dinero en efectivo de Venezuela para financiar la campaña de 2023.

“No hemos recibido un solo centavo de carteles ni de gobiernos extranjeros. Presentamos los informes de campaña en tiempo y forma”, afirmó González en una rueda de prensa donde denunció cómo casos de corrupción o narcotráfico que envuelven al círculo de Gobierno no avanzan.

Luego, la dirigente divulgó un video en el cual menciona que Fausto Jarrín, asesor del presidente Daniel Noboa, se reunió en la cárcel con el exasambleísta expulsado de la RC Santiago Díaz.

Este viernes, a su salida de la Fiscalía, Díaz dijo haber trasladado dinero desde Venezuela por orden del expresidente Rafael Correa para la campaña de 2023.

“Yo lo expulsé del partido porque está acusado de haber violado a una niña, la hija de una compañera, pero además, tiene un proceso por lavado de activos. ¿A qué les suena a ustedes todo esto? A que seguramente ya pactó con el gobierno para que le den mejoras penitenciarias o impunidad y a cambio echar lodo con ventilador a la RC”, advirtió González.

Los supuestos recursos trasladados por Díaz habrían sido ingresados a Ecuador en abril de 2023, un mes antes de que el entonces presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada, mecanismo que conllevó al adelanto de las elecciones en las que González se postuló a la presidencia.

Por otro lado, esta semana hubo expectativas con un acercamiento entre autoridades de Ecuador y Colombia para rebajar tensiones y evitar la entrada en vigor el próximo 1 de febrero de nuevos aranceles del 30 por ciento a productos importados de la nación cafetera.

Si bien Noboa y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, coincidieron en Panamá en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, no hubo un encuentro formal entre ellos para tratar el tema arancelario, aunque las cancilleres de ambos países sí se reunieron el jueves.

“Todavía no existe acuerdo (con Colombia) y vamos a dejar que el tema decante bajo la discreción que debe tener por ser un tema delicado”, fue la breve respuesta que dio este viernes la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

El diálogo representó el primer acercamiento formal desde que Noboa anunció la imposición de los aranceles del 30 por ciento a productos colombianos desde el domingo 1 de febrero, medida que el gobernante justificó con una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad.

Colombia negó esas acusaciones, respondió con un gravamen del mismo porcentaje a las importaciones ecuatorianas y suspendió la venta de energía eléctrica a su vecino del sur.

Posteriormente, Quito decidió elevar el costo del transporte de crudo colombiano por uno de los oleoductos, de tres a 30 dólares por barril.

Expertos advirtieron que la guerra comercial tendrá impacto en la economía ecuatoriana, en la producción, la inflación y los precios de los medicamentos.

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