La indagación se originó en una denuncia del exmandatario contra los magistrados Max Vengoa, Juana Caballero y Nayko Coronado, a quienes acusa de delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad.

El abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, exministro de Justicia de su Gobierno (2011-2016), declaró a Prensa Latina que los cargos principales de la denuncia son el abuso de autoridad, porque los jueces enviaron a prisión al acusado antes de notificarle la sentencia completa, y prevaricato, porque ni siquiera estaba terminada.

El caso está a cargo de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal Superior, que dispuso el inicio de las diligencias preliminares contra los jueces, con las declaraciones de Humala, el procurador del Poder Judicial y de los denunciados.

Durante el juicio, Pedraza y el expresidente cuestionaron que el tribunal haya admitido las declaraciones de testigos de cargo de comprobada credibilidad o que cambiaron más de una vez sus relatos y señalaron otras anomalías.

Humala fue encarcelado tras la lectura de una síntesis del fallo como autor del delito de lavado de activos con fondos recibidos de empresas brasileñas, lo que niega rotundamente.

Según Pedraza, no se cumplió la obligación de informar al reo de la sentencia antes de enviarlo a prisión, como manda la ley.

Paralelamente a la denuncia contra los jueces, el abogado aguarda el resultado de un hábeas corpus presentado al Tribunal Constitucional (TC), que plantea anular la condena a Humala.

Argumenta para ello la reciente decisión del TC de anular el proceso a la dirigente neoliberal Keiko Fujimori por la misma infracción imputada a Humala, porque recibir dinero secretamente con fines electorales no era delito cuando fue cometido. El exmandatario fue condenado el 15 de abril de 2025 y un día antes su esposa recibió asilo político y humanitario en la Embajada de Brasil, país al que viajó con celeridad junto a su hijo menor, y donde permanece.

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