La organización sostuvo que la reciente decisión del Gobierno de suspender las actividades extractivas en Napo y la restricción de plantas de beneficio en zonas del sur del país, resultan insuficientes frente a una crisis ambiental prolongada.

La organización indígena señaló que esas decisiones coinciden con la presentación por parte del Ejecutivo del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.

Este miércoles, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, acudió a la Asamblea Nacional (Parlamento) para defender la nueva normativa propuesta por el Gobierno con carácter económico urgente.

De acuerdo con la Conaie, la propuesta de la reforma legal conjuntamente con la suspensión de la minería genera dudas sobre si se busca proteger los territorios y las fuentes de agua o preparar el camino para una política extractiva más agresiva bajo nuevas reglas.

El pronunciamiento recordó que la minería en Napo no es un fenómeno aislado y que, desde 2007 —con un crecimiento acelerado a partir de 2017—, más de mil 300 hectáreas de bosque han sido afectadas, así como las cuencas de los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno, Puni, Cotona y Arajuno.

Ese avance extractivo, advirtió el colectivo, ha comprometido la biodiversidad y la soberanía hídrica de pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana.

La Conaie señaló que la suspensión oficial reconoce la contaminación por mercurio, metales pesados y cianuro, también detectados en ríos de la provincia de El Oro, contaminantes asociados a la actividad minera que ponen en riesgo ecosistemas, fuentes de agua y la salud de comunidades.

Sin embargo, alertó que la medida gubernamental no incluye una declaratoria de emergencia ambiental, ni establece plazos claros para la restauración de las cuencas afectadas, ni define mecanismos para que los responsables asuman la remediación y reparación de los daños.

Además, el movimiento indígena expresó preocupación por la ausencia de espacios formales de diálogo con pueblos indígenas, comunidades campesinas y colectivos ambientales que han alertado sobre esta situación durante años.

“La protección de Napo y de la Amazonía es una responsabilidad del Estado y de la sociedad, y una condición indispensable para el futuro del país”, concluyó el pronunciamiento.

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