Samir Zaqout, vicepresidente del Centro Al-Mezan para los Derechos Humanos, acusó a los militares israelíes de humillar a la población, violar su dignidad y confiscar las pertenencias de quienes regresan a la Franja de Gaza desde Egipto.

El objetivo es obligar a muchos de ellos a no retornar a su tierra, y en su lugar, buscar otro lugar donde vivir, afirmó.

“Cuando (los palestinos) ven o escuchan sobre la humillación, vejación y confiscación de pertenencias a las que son sometidos los retornados, esto genera una vacilación generalizada y empuja a algunos a considerar seriamente no regresar”, recalcó.

Zaqout consideró que esas acciones forman parte de un plan para desplazar a los habitantes de la Franja “de forma silenciosa y fluida, sin un anuncio oficial ni ruido político”.

En similar sentido se pronunció Alaa Al-Sakafi, director de la Fundación Al-Dameer, al señalar que el mecanismo es estéril y peligroso.

Afirmó que el sistema conducirá a un aumento de muertes entre los pacientes con cáncer en Gaza porque los complejos procedimientos y las estrictas restricciones israelíes limitan la salida de los enfermos para recibir tratamiento en el exterior.

La demora en permitir la evacuación de esas personas condenará a un número cada vez mayor de ellos a la muerte, subrayó.

Por su parte, el Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros estimó que el cruce de Rafah se convirtió en una herramienta de presión contra quienes regresan a Gaza.

Ante esa situación, exigió el fin inmediato de los interrogatorios y el acoso contra esas personas, así como un paso humanitario seguro para los ciudadanos que regresan a su tierra.

Lo que sucede allí no son medidas de seguridad ni procedimientos técnicos como se promueve, sino más bien una política de restricción e interrogatorios forzados que afecta directamente la dignidad de los ciudadanos, alertó.

npg/rob