En un pronunciamiento público, señalaron que el actual escenario está marcado por desconfianza ciudadana y ausencia de garantías mínimas de imparcialidad, agravadas tras las elecciones anticipadas de 2023, proceso con presuntas fallas de control del financiamiento político.

Los firmantes subrayaron que la normativa electoral establece con claridad que el organismo electoral tiene la potestad de fiscalizar el origen y destino de los recursos de campaña, pero cuestionaron que esas atribuciones no se hayan ejercido de manera efectiva.

El comunicado sitúa en el centro de la crisis al Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya credibilidad —afirman— se ha visto severamente afectada por la prórroga de funciones de sus integrantes, sin sustento técnico ni legitimidad democrática.

Según el pronunciamiento, divulgado en redes sociales, la renovación parcial del organismo debió realizarse en noviembre de 2021 y nuevamente en noviembre de 2024, conforme a la Constitución y la ley, sin que ninguno de esos procesos se haya cumplido.

Los académicos también cuestionaron que no se haya ejecutado el mecanismo de democracia interna para ratificar o no a la presidencia y vicepresidencia del organismo, lo que ha prolongado la permanencia de sus autoridades por períodos que superan varias administraciones gubernamentales.

El documento menciona además la falta de información pública sobre el funcionamiento y resultados de la unidad creada para prevenir y detectar lavado de activos en el ámbito electoral, lo que incrementa la incertidumbre sobre los controles al financiamiento político.

Ante este escenario, los académicos y activistas pidieron la renuncia de los cinco consejeros principales como una medida urgente para recuperar credibilidad y exigieron al Cpccs, entidad encargada de los nombramientos, acelerar el proceso de renovación, sin dilaciones ni cálculos políticos.

“La democracia ecuatoriana no puede sostenerse sobre prórrogas injustificadas ni autoridades sin legitimidad social”, concluye el pronunciamiento, que reclama un árbitro electoral independiente, confiable y respetado.

lam/avr