El fallo previo, anulado por el máximo tribunal, fusionó la mayor de las condenas más importantes en la mayor, de 19 años y ocho meses, por la autoría mediata de las masacres de La Cantuta y Pativilca, de civiles inermes, bajo el gobierno de Alberto Fuhimori (1990-2000).
La Corte Suprema acogió un recurso de nulidad del Ministerio Público contra esa concesión, anuló esa decisión y determinó que al reo le restan 13 años y ocho meses para cumplir sus condenas.
El dictamen indica que Montesinos debe seguir preso por los delitos de homicio calificado y desaparición forzada, que califican como crímenes de lesa humanidad.
El más grave fue la tortura y ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, a manos del destacamento militar ilegal Grupo Colina perpetrados en 1992.
El mismo escuadrón de la muerte asesinó a seis campesinos en la localidad de Pativilca, al norte de Lima, a pedido del empresario que los empleaba.
Considerado brazo derecho del gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000), Montesinos controlaba las Fuerzas Armadas, los servicios de Inteligencia y la Policía y ha sido objeto de cinco condenas, dos de ellas como autor mediato de las matanzas mencionadas.
Se encuentra recluido en un presidio de extrema seguridad construido para altos dirigentes de grupos armados en la Base Naval del municipio del Callao, adyacente a Lima y denuncias periodísticas sostienen que Montesinos tendría un trato privilegiado. rc/mrs













