A través de un comunicado, manifestaron profunda preocupación por lo que consideraron una “declaración difamatoria” sobre la operación de neutralización de drones realizada por los insurgentes, “mientras permanece callada sobre los repetidos bombardeos que tienen como objetivo a la población civil”, ejecutados por el Gobierno.

El grupo armado recordó que, por cerca de dos meses y particularmente desde el 22 de enero del 2026, la población civil en Minembwe y las mesetas altas ha enfrentado una escalada de las operaciones militares conducidas por el Gobierno mediante el uso de ocho y 12 de drones de ataque operados por mercenarios extranjeros.

“Estos drones bombardearon localidades densamente pobladas incluyendo Minembwe, Twangiza, Rwitsankuku, Katogota, Sange, el puerto de Kalundu, las mesetas altas, Masisi, Walikale, Rutshuru, Lubero, Mwenga y Kalehe; además de blancos civiles como hospitales, escuelas e iglesias”, afirmó la AFC/M23.

Añadieron que estos ataques causaron la muerte de civiles, incluidos mujeres y niños, y aseguraron que, en el caso de la operación de neutralización de drones llevada a cabo por ellos, sólo afectó a enclaves militares y no causó ninguna baja de personas inocentes.

“Al condenar esta acción defensiva sin una investigación previa, sin un chequeo y sin contrastar la información, la Comisión de la Unión Africana adopta una posición desbalanceada que lleva a cuestionar su imparcialidad en el proceso de paz que tiene que liderar”, remarcó el comunicado.

Acusaron al Gobierno de RDC de efectuar acciones contra la población civil y de violar la Carta de la Unión Africana, a la vez que señalaron a la CUA por su parcialidad con Kinshasa, lo que en su opinión debilita la credibilidad moral de esa estructura y la aparta de su deber fundamental de protección a los pueblos africanos.

El presidente de la CUA, Mahmoud Ali Youssouf, emitió un comunicado este viernes en el que condenó enérgicamente el ataque con drones perpetrado contra el aeropuerto de Kisangani, en el este de la RDC, que fue reivindicado por la AFC/M23.

Enfatizó que la acción, dirigida contra la infraestructura aeroportuaria ubicada en un importante centro urbano, puso en grave peligro a la población civil y constituyó una grave violación del derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

“A falta de pruebas que establezcan objetivamente el carácter estrictamente militar del objetivo, dicha infraestructura conserva su presunción de ser propiedad civil y, como tal, goza de plena protección en virtud del derecho internacional”, remarcó la nota de la CUA.

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