Este viernes tuvo lugar en esta capital un encuentro reservado entre la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y su homóloga colombiana, Rosa Villavicencio, reunión que terminó sin declaraciones a la prensa y con la persistencia de los gravámenes del 30 por ciento.

De hecho, la cancillería de Colombia dijo que pidió a Ecuador suspender la imposición de los aranceles vigentes desde el 1 de febrero para los productos colombianos, sin embargo, la parte ecuatoriana se negó hasta que se concreten resultados en otros ámbitos, como la seguridad.

El gobierno de Daniel Noboa alega que la nación cafetera no coopera de manera efectiva en el enfrentamiento al narcotráfico y otros delitos en la frontera común, algo que el Ejecutivo de Gustavo Petro negó.

En consecuencia, Colombia informó que comenzará con los ya anunciados aranceles recíprocos a los productos ecuatorianos que aún no estaban siendo aplicados y también presentará una demanda ante la Comunidad Andina por desconocer lo pactado en el Acuerdo de Cartagena.

Tras esos anuncios, el Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana respondió que “llama la atención” cómo desde Bogotá “pretenden atribuir la responsabilidad de este desacuerdo a Ecuador”. El Ejecutivo del país de la mitad del mundo insiste en que el origen del conflicto radica en “la falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur».

Según el más reciente pronunciamiento de la parte ecuatoriana, Colombia aceptó que el problema consiste en la falta de control fronterizo, por lo que se comprometió a realizar acciones para erradicar el cultivo de coca, la minería ilegal y reforzar el control en la zona limítrofe.

Además, el gobierno colombiano revisará los expedientes de prisioneros de ese país que cumplen su sentencia en Ecuador en el plazo de tres meses y, adicionalmente, colaborará en el traslado vía terrestre a Venezuela de reos de esa nacionalidad detenidos también en territorio ecuatoriano.

A eso se suma que Colombia se comprometió a revisar el proceso de extradición de un ciudadano ecuatoriano requerido por el delito de delincuencia organizada y liberado bajo la figura de protección internacional, indicó el comunicado emitido por la diplomacia de Ecuador.

En materia energética, se acordó el levantamiento de la suspensión de exportaciones a Ecuador y contratos financieros bilaterales entre agentes privados, mientras Quito se comprometió a revisar la tarifa del uso del oleoducto y otras vías de transporte de hidrocarburos.

Esta disputa bilateral comenzó luego de que Noboa anunciara el 21 de enero la denominada «tasa de seguridad» del 30 por ciento sobre productos colombianos bajo el pretexto de la seguridad y el país vecino respondió con medidas similares.

Transportistas, comerciantes y representantes de sectores productivos realizaron esta semana una protesta en el Puente Internacional Rumichaca, que une a las dos naciones, en rechazo a los aranceles y sus consecuencias para ambas economías.

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