La iniciativa es parte del programa Unión con Municipios para esos objetivos, el cual reconoce el papel central de las administraciones locales y de las comunidades rurales en la defensa de una zona compartida con otros ocho países.
En esta fase inicial, divulgó Agencia Brasil, el proyecto posee recursos por 131,9 millones de reales (unos 25 millones de dólares) del Fondo Amazonía y prevé beneficiar a unas siete mil 300 familias en 48 municipios víctimas de altos índices históricos de deforestación.
Más allá del comienzo de un proceso de selección de organizaciones ejecutoras, ahora se trata de enfrentar nudos estructurales del deterioro ambiental en dicha zona: la inseguridad sobre la tenencia de la tierra y la falta de alternativas productivas sostenibles para agricultores familiares.
Así, la propuesta combina regularización ambiental y territorial con asistencia técnica y extensión rural, para mejorar los ingresos de las familias sin avanzar sobre el bosque.
Según los lineamientos oficiales, también prioriza pequeñas propiedades rurales ubicadas en asentamientos de reforma agraria o en tierras públicas federales aún sin destino definido.
Equipos técnicos tienen previsto realizar visitas a agricultores familiares para iniciar procesos de regularización y, posteriormente, apoyar la adopción de prácticas agroecológicas y sistemas agroforestales.
Cada enfoque reconoce la complejidad social y económica de la Amazonía, donde conviven pueblos indígenas, comunidades tradicionales, agricultores familiares, asentamientos rurales, grandes emprendimientos agrícolas y áreas de conservación.
De acuerdo con la convocatoria pública del proyecto mencionado, la multiplicidad de actores y los conflictos por el uso del suelo exigen estrategias diferenciadas que tengan en cuenta las realidades locales y las distintas formas de relación con los recursos naturales.
La primera etapa contempla la realización de 16 iniciativas distribuidas entre los municipios adheridos al programa hasta abril de 2024, con presencia en seis estados amazónicos como Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondonia y Roraima.
A juicio del Ministerio brasileño de Medio Ambiente y Cambio Climático, este proyecto se inscribe en una política más amplia de reconstrucción de la gobernanza ambiental en el gigante sudamericano, luego de años de retrocesos institucionales.
Vinculados a la iniciativa también están el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, la Agencia Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.
Creado en 2023, Unión con Municipios para la Reducción de la Deforestación y los Incendios Forestales en la Amazonía pretende en el próximo lustro regularizar de forma completa la situación de unas 30 mil familias rurales.
Actualmente, precisan datos oficiales, 70 municipios de siete estados amazónicos participan en el programa y fueron entregados más de mil 800 equipos (vehículos, embarcaciones y sistemas de monitoreo) y se desarrollaron acciones de capacitación técnica y sistemas de pago por servicios ambientales.
Con casi 800 millones de reales en ejecución (unos 152 millones de dólares), la estrategia brasileña busca consolidar un modelo de desarrollo que combine justicia social, sostenibilidad económica y protección efectiva.
Tales recursos provienen del Fondo Amazonía y del proyecto Bosque más Amazonía, una alianza gubernamental con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo Verde para el Clima.
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