Las indagaciones iniciales, basadas en el análisis de los escombros recuperados, indican el probable país de fabricación, el tipo de drones utilizados y la carga explosiva que transportaba cada dispositivo, precisó el viceprimer ministro y titular de Defensa Nacional y Asuntos de Veteranos, Guy Kabombo, sin ofrecer más detalles.
Añadió que continúa la investigación sobre el ataque, reivindicado por los rebeldes de la Alianza del Río Congo-Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), y se toman medidas para hacer frente a cualquier nueva amenaza.
Los insurgentes reconocieron que entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero realizaron una incursión con drones con el objetivo de “destruir el centro de comando de drones militares ubicado en el aeropuerto de Kisangani”, y aseguraron que la operación sólo tuvo objetivos militares.
Bajo esos criterios el viernes rechazaron la declaración de la Comisión de la Unión Africana (CUA), a la cual consideraron una “declaración difamatoria” y parcial, pues no hace alusión a los “repetidos bombardeos que tienen como objetivo a la población civil”, ejecutados por el Gobierno de la RDC, según la AFC/M23.
“Al condenar esta acción defensiva sin una investigación previa, sin un chequeo y sin contrastar la información, la Comisión de la Unión Africana adopta una posición desbalanceada que lleva a cuestionar su imparcialidad en el proceso de paz que tiene que liderar”, remarcó el mensaje.
El presidente de la CUA, Mahmoud Ali Youssouf, por su parte emitió un comunicado el pasado viernes en el que condenó enérgicamente el ataque con drones perpetrado contra el aeropuerto de Kisangani.
Enfatizó que la acción, dirigida contra la infraestructura aeroportuaria ubicada en un importante centro urbano, puso en grave peligro a la población civil y constituyó una grave violación del derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
“A falta de pruebas que establezcan objetivamente el carácter estrictamente militar del objetivo, dicha infraestructura conserva su presunción de ser propiedad civil y, como tal, goza de plena protección en virtud del derecho internacional”, subrayó la nota de la CUA.
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