“Eso ni siquiera se está considerando”, dijo ante una pregunta de la prensa y añadió que “el Perú respeta el derecho internacional y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas”.

Comentó además que la representación de su Gobierno en la

Organización de Estados Americanos (OEA) trabaja junto a otros países una propuesta para que el Consejo Permanente de la OEA apruebe la consulta al Comité Jurídico Interamericano sobre la aplicación de la Convención de Caracas.

En anteriores declaraciones, De Zela planteó que esa aplicación excluya del derecho de asilo a quienes estén procesados penalmente o condenados, lo cual eliminaría la facultad exclusiva de calificar cada caso de asilo que la Convención de Caracas asigna al país que lo otorga y lo excluye de fundamentar su decisión.

Chávez permanece en la sede diplomática porque el Gobierno le niega el salvoconducto necesario para viajar a México, al menos hasta que se absuelva la consulta mencionada por el canciller.

Juristas locales han cuestionado que el tema se ventile en la OEA porque posibles cambios de un tratado como la Convención de Caracas solo compete a los países firmantes de la misma, entre los que hay naciones que no forman parte de la organización.

Chávez se asiló en la residencia diplomática mexicana poco antes de ser sentenciada a 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión, por haber secundado el 22 de diciembre de 2022 al entonces presidente Pedro Castillo, en un intento fracasado de disolver el Parlamento.

El canciller peruano anunció el asilo de Chávez e invocó el hecho para romper relaciones diplomáticas con México, que ha encargado a Brasil la atención de sus asuntos en Perú. npg/mrs