La Fiscalía explicó en un comunicado que la detención se produjo “en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional”.

Recordó que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial a solicitud de parte: “revocar o sustituir la medida previamente otorgada, conforme a la legislación vigente”.

En tal sentido, el Ministerio Público solicitó al Tribunal que adopte las decisiones que en derecho correspondan, en resguardo del proceso penal, para pasar a un régimen de detención domiciliaria.

El Ministerio Público invocó el espíritu del Programa de Convivencia Democrática y Paz en curso y la consulta de la Ley de Amnistía, en aras de garantizar la unión y reconciliación de los venezolanos en este momento histórico.

“Venezuela reclama un espacio para el encuentro nacional en el marco de la Constitución de la República”, subrayó.

Promovido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez este país sudamericano avanza en un proceso de diálogo entre los diferentes sectores de la vida nacional para alcanzar la paz total y definitiva y la reconciliación. La mandataria propuso como parte de la iniciativa una Ley General de Amnistía por la Convivencia Democrática que fue aprobada la semana pasada por unanimidad en la Asamblea Nacional (parlamento) por la bancada del oficialismo y de la oposición en su primera discusión.

El coordinador de la Comisión Especial del Proyecto de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, anunció la víspera que la normativa se espera sea sancionada el próximo jueves en la sesión ordinaria, mientras sectores continúan los debates en consulta pública.

La mencionada comisión debatió ayer el Anteproyecto con Jueces y Juezas de Paz Comunal y con anterioridad lo hizo con Organizaciones No Gubernamentales y los órganos del sistema de justicia.

Estos últimos estuvieron representados por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, entre otras autoridades de los Poderes Públicos del país.

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