Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

La encuesta realizada por Ipsos-Ciesmori con un universo de 400 residentes en el eje central de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto) arrojó como resultado que 65 por ciento de los consultados aprueba la gestión del dignatario.

Igualmente, el sondeo realizado con un margen de error de más o menos 4,9 por ciento entre el 16 y el 28 de enero último, reflejó que un 24 por ciento de los consultados desaprueba la ejecutoria del dignatario.

Con este antecedente, tras una semana de denuncias y bloqueos de conductores y mototaxistas por averías en sus vehículos, el Ejecutivo boliviano prometió este fin de semana un seguro solidario para cubrir las reparaciones de daños provocados por el denominado “combustible basura”.

El ministro de Hidrocarburos y Energías Mauricio Medinaceli afirmó en la cadena RTP que, tras 14 días de análisis técnicos en toda la cadena de suministro, plantas, transporte, almacenamiento y surtidores, se detectaron fallas específicas que ya fueron atendidas.

Informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Logística (YPFB-Logística) cuenta con un seguro contra daños a terceros, el cual ya fue activado.

Medinaceli aclaró que cada caso será evaluado bajo los protocolos habituales y que el seguro no entrega dinero en efectivo, sino que cubre directamente la reparación.

Esta promesa tuvo lugar con el trasfondo de las protestas de sindicalistas del transporte en La Paz, Cochabamba y mototaxistas de Santa Cruz, quienes con un bloqueo aislaron a ese departamento del resto del país.

Ante esta situación, el titular informó que YPFB reforzó los controles de laboratorio en toda la cadena de suministros y anticipó que se incorporará nueva tecnología en las 16 plantas del sistema.

Sin embargo, la Federación de Choferes de La Paz se declaró este sábado en emergencia y expresó serias dudas sobre la propuesta del Gobierno.

Representantes de este sector advirtieron que, si no son convocados formalmente en las próximas horas, asumirán medidas de presión que podrían llegar hasta un paro.

Por su parte, el ejecutivo de la Federación Chuquiago Marka, Víctor Santos, opinó que el anuncio gubernamental no despeja las preocupaciones de los transportistas, especialmente de aquellos que ya repararon sus motores ante la necesidad de trabajar.

“No estamos convencidos con la propuesta. Si existía un seguro, ¿por qué no se activó antes? Además, el seguro va a exigir que los vehículos sean abiertos por sus propios mecánicos y sabemos que la aseguradora no va a perder nada”, advirtió.

OTRA GOTA DE HIEL

Otro trago amargo para el Gobierno en sus primeros 90 días es la irregular llegada al país desde Estados Unidos en un vuelo chárter valorado en casi 100 mil dólares con 31 maletas desaparecidas hasta este lunes, sin que se haya definido con exactitud su paradero y contenido, escándalo que mantiene en ascuas a la Policía Nacional Boliviana (PNB) y al Ministerio Público.

El jefe de la PNB, Mirko Sokol, aseguró que en el caso dado a conocer como inicialmente “narcomaletas” se perdieron varios elementos que hoy afectan a que se realice una mejor pesquisa.

“La Policía boliviana está realizando un trabajo prolijo pese a las limitaciones y que al transcurrir el tiempo ya se habían perdido muchos de los elementos que nos hubieran servido para una mejor investigación”, afirmó.

Criticó que, desde el ingreso de las maletas al país, el 29 de noviembre último, hasta que su institución conoció el caso, transcurrieron cerca de siete días.

Reconoció que todavía existen vacíos que serán aclarados en los siguientes días y consideró que el personal del aeropuerto de Viru Viru encargado de recibir las maletas tendrá “que responder por qué se ha demorado tanto en conocer esto”.

El expediente penal presentado ahora ante la prensa como “maletas” se refiere al ingreso de 31 valijas el 29 de noviembre último por la exdiputada Laura Rojas, quien llegó a Santa Cruz desde Estados Unidos en un vuelo chárter valorado en cerca de 100 mil dólares.

La exlegisladora presentó un pasaporte diplomático que, según la Cancillería, fue cancelado el 13 de noviembre, con el cual eludió los controles aduaneros establecidos por normativa.

Esas maletas fueron trasladadas desde Viru Viru hacia el galpón de una empresa de seguridad propiedad del juez Hébert Zeballos, donde el 20 de enero un operativo antinarcóticos halló 79 kilogramos de marihuana.

Pese a que el Gobierno conoció de este caso en los primeros siete días de diciembre, la semana pasada el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público recibió información solo el 19 de enero, y opinó que, si se hubiera tenido esos datos antes, el expediente se hubiera podido resolver en 24 o 48 horas.

Según los informes, con detención preventiva en la prisión de Palma Sola permanecen la exdiputada Rojas (seis meses), el juez Zeballos (120 días); así como un guardia de seguridad.

Aprehendidos también están una socia de Zeballos en condiciones domiciliarias; otro vinculado con la empresa de seguridad y un representante legal.

Cinco funcionarios de la Aduana que trabajaban en Viru Viru fueron despedidos y deberán declarar esta semana.

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