En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores jordano condenó las medidas aprobadas por el Gabinete de Seguridad israelí, al calificarlas de ilegítimas, una flagrante violación del derecho internacional y un atentado directo contra el derecho inalienable del pueblo palestino a establecer su Estado independiente y soberano.

La reacción jordana se produjo tras la aprobación de decisiones que incluyen la derogación de la ley jordana que prohíbe la venta de tierras palestinas a judíos en Cisjordania, así como la transferencia de la autoridad para otorgar permisos de construcción en el bloque de asentamientos de Hebrón de la Autoridad Palestina al gobierno israelí.

El Ministerio afirmó que estas medidas buscan imponer una soberanía israelí ilegal, consolidar los asentamientos y crear una nueva realidad jurídica y administrativa en la Cisjordania ocupada, en abierta contradicción con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

Asimismo, subrayó que Israel no tiene soberanía alguna sobre el territorio palestino ocupado y reiteró el rechazo y la condena absolutos del Reino Hachemita a las decisiones unilaterales, ilegales e inválidas adoptadas por el gobierno israelí.

La cancillería jordana advirtió que las políticas expansionistas y las acciones ilegítimas del gobierno israelí extremista en Cisjordania fomentan la perpetuación de los ciclos de violencia y conflicto en la región, y socavan gravemente las perspectivas de una solución política.

En ese contexto, reiteró su llamado a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades legales y morales y obligue a Israel a detener su peligrosa escalada en Cisjordania, así como las declaraciones incendiarias de sus funcionarios.

El comunicado instó además a garantizar los legítimos derechos del pueblo palestino a establecer su Estado independiente en su territorio nacional, al considerar que esta es la única vía para alcanzar una paz justa y duradera que asegure la estabilidad regional.

Según la Corporación de Radiodifusión Israelí (Kan), las decisiones aprobadas incluyen también la desclasificación de registros de tierras y la ampliación de las facultades israelíes de supervisión y ejecución para abarcar las zonas clasificadas como “A” y “B”, bajo el pretexto de violaciones relacionadas con construcciones no autorizadas, recursos hídricos y supuestos daños a sitios arqueológicos y ambientales.

Estas medidas permiten la demolición y confiscación de propiedades palestinas incluso en áreas bajo control administrativo y de seguridad de la Autoridad Palestina, en contravención del Acuerdo de Oslo II de 1995, que establece que la Zona A está bajo pleno control palestino, la Zona B bajo control civil palestino y seguridad israelí, y la Zona C —que representa cerca del 60 por ciento de Cisjordania— bajo control total israelí.

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