Los cuestionamientos se enfocan en el proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia Fiscal, que plantea reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), y en la propuesta de Ley de Fortalecimiento Minero y Energético.
El presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, Andrei Iza, advirtió que la primera de esas iniciativas compromete la autonomía y la capacidad operativa de las juntas parroquiales.
Según explicó en un video difundido en la red social X, el proyecto reduce los ingresos permanentes de las administraciones locales del 21 al 15 por ciento y los no permanentes del 10 al cinco por ciento, lo que implicaría una disminución de 57,2 millones de dólares a escala nacional.
Iza cuestionó el argumento oficial de que el objetivo es eliminar gastos innecesarios y señaló que, por el contrario, se afectan recursos destinados a inversión y atención social.
Calificó la iniciativa como “inconstitucional, irracional e incluso inhumana” y alertó sobre la eliminación de partidas utilizadas para estudios técnicos obligatorios, contratación de personal y programas dirigidos a personas con discapacidad, adultos mayores, centros de desarrollo infantil y escuelas deportivas.
Por su parte, Clemente Bravo, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) y prefecto de El Oro, compareció ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea y reconoció que el proyecto del Ejecutivo pone en riesgo proyectos de inversión en áreas como medio ambiente, seguridad, salud, y programas sociales.
Aunque Bravo se mostró a favor de una distribución presupuestaria que priorice la obra pública, advirtió que la normativa debe contemplar al personal técnico y profesional necesario para ejecutar proyectos.
Por otro lado, organizaciones sociales se pronunciaron contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento Minero y Energético.
La tarde del jueves 5 de febrero realizaron un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional para exigir el archivo de una propuesta que, según denunciaron, prioriza intereses extractivos y debilita las garantías ambientales y comunitarias.
Durante la protesta se registraron momentos de tensión luego de que la Policía impidiera el avance hacia el Legislativo y utilizara gas lacrimógeno para dispersar a parte de los manifestantes, de acuerdo con testimonios recogidos en el lugar.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también expresó su “alarma” por la iniciativa minero-energética al considerar que pone en riesgo derechos colectivos, territorios ancestrales y fuentes de agua.
La organización advirtió que el proyecto prioriza la agilización de inversiones extractivas sin garantizar la consulta previa, libre e informada, y alertó sobre la flexibilización de controles ambientales en un contexto de crisis climática.
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