El instrumento legal recibió la aprobación unánime la semana pasada de las bancadas del oficialismo y de la oposición en su primera presentación, y fue creada una Comisión Especial coordinada por el diputado Jorge Arreaza, quien presentó los argumentos del anteproyecto en el Hemiciclo.

Arreaza explicó en la ocasión que la Ley “busca consolidar el estado social democrático de derecho y, sobre todo, de justicia”.

Los pilares de la normativa están en la facultad del parlamento establecida en la Constitución, en los pilares de la libertad y la justicia, el pluralismo político y, sobre todo, la preeminencia de los Derechos Humanos (DDHH).

Argumentó que la única limitación la establece la Carta Magna en su artículo 29 referente a casos asociados a las violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, de guerra, la corrupción, el tráfico de drogas y el homicidio intencional.

En entrevista reciente con el periodista estadounidense Robert Stephen Schmitt, del canal de televisión por cable Newsmax, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, opinó que hay una Ley de Amnistía que se “está haciendo en este momento”.

Apuntó que esta contempla a los trabajadores, pero también a sectores de la oposición residentes en el extranjero que fueron promotores de la violencia y llamaron a la agresión del país.

La mencionada norma jurídica se está “impulsando para todos los sectores de la oposición que están en el exterior” para que a través del cumplimiento de la ley “puedan volver”, remarcó.

Esta Comisión Especial y el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, ambas creadas por la jefa de Estado, realizaron en los últimos días consultas públicas con sectores de la vida política y social, incluidos el Sistema de Justicia, Jueces de Paz y campesinos.

También con familiares de víctimas, Organizaciones No Gubernamentales, víctimas de las guarimbas y de la violencia política.

El Programa para la Paz y Convivencia Democrática, bajo la guía del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, se reunió la víspera con familiares de personas privadas de libertad por delitos políticos o conexos, cuyas propuestas y recomendaciones serán elevadas a las autoridades correspondientes.

La Ley de Amnistía abarcará desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero del presente año, según su artículo seis, consta de 13 artículos y entre sus objetivos busca promover la paz, el desarrollo armónico de la vida nacional, la participación democrática y el pluralismo político.

rc/jcd