En un comunicado conjunto, la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros y el Club de Prisioneros afirmaron que la disposición amenaza a miles de personas en esa zona ocupada.

La medida se basa en una normativa racista, estimaron en alusión a la Ley de Retirada de Ciudadanía y Residencia, aprobada en 2023.

El objetivo es desplazar y expulsar a los palestinos de esa ciudad mediante deportaciones masivas, subrayaron.

Por su parte, la Gobernación de Jerusalén denunció los planes del gobierno de Benjamin Netanyahu y acusó al político derechista de emplear una estrategia castigo colectivo contra el pueblo palestino.

La deportación representa una flagrante violación de las normas del derecho internacional humanitario, entre ellos el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, en particular su artículo 49, que prohíbe el traslado forzoso y la deportación individual o colectiva de personas protegidas de su territorio, advirtió.

Tales prácticas constituyen un crimen de guerra en toda regla, afirmó la gobernación.

Consideró que esa ley se utiliza como herramienta de venganza para afianzar políticas de exclusión y desplazamiento forzado contra los palestinos.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) rechazó la expulsión de los exprisioneros “de su tierra, patria y lugar de residencia”, lo cual consideró como “un acto más del gobierno terrorista de Netanyahu en sus crímenes contra nuestro pueblo”.

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