El fallo establece que el retorno podría realizarse de manera independiente o mediante vuelos hacia un puerto de entrada en Estados Unidos, donde los migrantes quedarían otra vez bajo custodia de autoridades de inmigración mientras sus casos se revisan.
El magistrado federal James Boasberg pidió al gobierno cumplir con el debido proceso porque, dijo, “privó claramente” a los migrantes de notificación y la oportunidad de desafiar su expulsión de este país, derechos consagrados en la Constitución de Estados Unidos.
La opinión de siete páginas señaló que el Departamento de Justicia sostuvo que 137 migrantes no podían ser devueltos de la misma manera que otros deportados el verano pasado, tal como ocurrió con Kilmar Ábrego García, cuyo caso ganó relevancia nacional, poniendo de manifiesto el perfil agresivo de las políticas antiinmigrantes del presidente Trump.
Boasberg advirtió que, aunque algunos de los afectados fueron trasladados a Venezuela y liberados allí como parte de un intercambio de prisioneros, su derecho a presentar hábeas corpus y desafiar las decisiones de deportación no desaparecen por el simple hecho de haber sido trasladados fuera del país.
La decisión del juez sobre los 137 venezolanos enviados al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot) en El Salvador hace casi 11 meses, también les ofrece una oportunidad para su defensa legal.
Este fallo obliga al gobierno a presentar un plan para permitir que los migrantes impugnen su deportación bajo hábeas corpus, ya sea facilitando su retorno o proporcionando un proceso equivalente que cumpla con las exigencias constitucionales.
“No está claro por qué los demandantes deberían asumir el costo financiero de su retorno en tal caso”, escribió Boasberg. “Cabe destacar que esta situación nunca se habría presentado si el gobierno simplemente les hubiera otorgado a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente”.
Según la resolución, el gobierno debe detallar en un plazo específico cómo planea restaurar esos derechos.
mem/dfm
