La agencia Mizan, órgano informativo del sistema judicial iraní, informó que los casos relacionados con los sucesos y con lo que calificó como “actos terroristas” aún se encuentran bajo revisión de las autoridades competentes y que las sentencias no han alcanzado una fase final ni ejecutable.

Según el reporte, las denuncias acerca de ejecuciones de personas vinculadas con las protestas son “totalmente infundadas”.

Las declaraciones responden a un informe publicado por el diario israelí Israel Hayom, el cual, citando a dos fuentes anónimas, aseguró que Irán habría continuado de manera secreta con ejecuciones masivas de manifestantes, pese a supuestos compromisos de detenerlas.

Las protestas estallaron a finales de diciembre de 2025 y se extendieron durante aproximadamente dos semanas, en un contexto de marcada depreciación de la moneda nacional y agravamiento de la crisis económica.

Las manifestaciones comenzaron en la capital, Teherán, y se expandieron a varias ciudades del país. En ese escenario, el presidente Masoud Pezeshkian reconoció el descontento popular y expresó su compromiso de trabajar para mejorar la situación económica.

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