Es la política estrella del Gobierno para enfrentar a las pandillas y al llegar a sus cuatro años de vigencia, pese a resultados tangibles en seguridad, aún despierta críticas e interrogantes.

La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) estimó, en investigaciones realizadas, que bajo esa medida murieron al menos 482 personas detenidas, la mayoría sin juicio, y en algunos casos esperando que se rectifique un acto de injusticia cometido.

Hay lamentos de personas que fueron arrestadas tan solo por una llamada telefónica de alguien que no se identificó, por ejemplo. No obstante, fueron detenidas y hoy esperan una rectificación, en la línea que el propio presidente Nayib Bukele reconoció en alguna ocasión. Hay cerca de nueve mil inocentes encarcelados.

Según la ONG, a cuatro años de la medida muchos de los detenidos no tuvieron una segunda audiencia ni justicia.

Un informe del diario La Prensa Gráfica (LPG) describe la historia de un sargento de la Fuerza Armada detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) mientras “hacía fila para el paquete agrícola».

La historia que describe la publicación, citando a familiares del detenido, muestra que se aplica “la justicia” de manera indiscriminada y que muchos de los arrestados son presuntos inocentes, algo real hasta que no se pruebe lo contrario.

Pese a documentos de buena conducta del Estado Mayor y a no tener vínculos con las pandillas, el militar sigue detenido e incluso se desconoce su paradero y si está vivo.

La reseña indica que el militar, con cuatro años de servicio en el Estado Mayor en San Salvador, en la mañana del jueves 4 de mayo de 2023 salió de su vivienda rumbo a una sede cultural, ubicada en la zona occidental del país, donde fue apresado.

Mientras hacía fila, agentes policiales se le acercaron, lo apartaron de la hilera y se lo llevaron ante la mirada atónita de su padre. En ese instante, el militar intentó tranquilizar a su familia, sin imaginar que sería la última vez que hablarían con él.

El padre, al acudir a la unidad de policía, no recibió ninguna explicación sobre el arresto y las causas. Ante su insistencia, la respuesta policial fue breve y definitiva: “La decisión viene de arriba”, relató su hermana al diario.

Actualmente, señala LPG, el militar permanece recluido en una granja penitenciaria, luego de ser trasladado por distintas cárceles del país, pese a que su jefatura en el Estado Mayor emitió una constancia de buena conducta y a que no existen señalamientos de vínculos con estructuras criminales.

Asimismo, es procesado por el delito de agrupaciones ilícitas, una de las más temidas existentes en el país y por la que algunas personas recibieron largas condenas de prisión, incluso cientos de años.

Tras más de dos años de captura, la familia del sargento se mantiene en incertidumbre constante. Mes a mes depositan dinero para alimentación y paquetes de higiene, sin tener certeza siquiera de que continúe con vida, indicó la publicación.

Casos como este ocurren mientras se aplica la política estrella del gobierno y aunque parezca insólito hasta los militares pueden ir a parar tras las rejas, aun sin pruebas en su contra.

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