La agencia Mizan, órgano informativo del Poder Judicial iraní, afirmó que los casos relacionados con los disturbios y actos violentos registrados en semanas recientes continúan bajo revisión judicial y no han alcanzado una fase final que permita la ejecución de sentencias.

Según la fuente, los casos relacionados con los recientes disturbios y actos terroristas aún están siendo revisados por las autoridades judiciales, y las sentencias aún no han llegado a una fase final y ejecutable.

La agencia calificó de “totalmente infundadas” las acusaciones sobre la ejecución de personas vinculadas con esos hechos.

Las declaraciones responden a un informe publicado por el diario israelí Israel Hayom, que citó a dos fuentes anónimas al asegurar que “Irán prometió detener las ejecuciones, pero continuó secretamente llevando a cabo ejecuciones masivas de manifestantes”.

Las protestas estallaron a finales de diciembre de 2025 y se extendieron durante aproximadamente dos semanas, en un contexto de depreciación acelerada de la moneda nacional y agravamiento de la situación económica. Las manifestaciones comenzaron en Teherán y se propagaron a otras ciudades del país.

En ese escenario, el presidente Masoud Pezeshkian reconoció el descontento popular y manifestó su disposición a trabajar en medidas destinadas a mejorar la situación económica y atender las demandas sociales.

Las autoridades iraníes reiteraron que los procesos judiciales se desarrollan conforme a la legislación vigente y rechazaron lo que calificaron de campañas mediáticas destinadas a desacreditar al sistema judicial del país.

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