Este jueves, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Patricia Patiño denunció la existencia de un presunto “triángulo de la corrupción” en YPFB, que, según sostuvo, se mantendría desde el Gobierno del exmandatario Luis Arce.

Describió que esta estructura involucraría a políticos, ejecutivos de la corporación estatal y a empresas privadas vinculadas al hidrocarburo.

Patiño acusó a un alegado “cártel de la gasolina basura” que estaría detrás de la circulación de combustible adulterado, causante de daños a cientos de vehículos en todo el país.

“Lo he denominado el ‘cártel de la gasolina basura: del lobby del litio a la adulteración de combustible’ y los nexos de corrupción que se tiene en YPFB y, sobre todo, los intereses de algunos personajes”, explicó la diputada, según el canal DTV.

Precisó Patiño que la presunta estructura estaría conformada por Marcelo Arce Mosqueira (hijo del exdignatario), sindicado como el “gran negociador del litio”; Jorge Alberto Roca, expresidente de Lithium One Bolivia, filial de Uranium One Group, empresa rusa, y actual director de YPFB.

Roca, además, es socio de la empresa privada Energy Oil Corporation PM SRL, encargada del transporte de combustible.

La diputada apuntó al actual presidente de YPFB, Yussef Akly, quien según comentó, mantendría vínculos contractuales con Roca desde la Administración anterior (2020-2025), lo cual evidencia la continuidad de estos nexos.

“¿Cómo el señor Roca puede ser dueño de las cisternas y al mismo tiempo director de YPFB? (…). ¿Estamos ante una empresa pública al servicio del país o ante una agencia de empleos, de una red que viene haciendo negocios desde la época del litio y que ahora nos vende agua y alcohol por gasolina?”, criticó Patiño.

De acuerdo con la legisladora, estos acusados habrían coordinado contratos y operaciones que permitieron la adulteración de combustible y generaron conflictos de interés, al combinar roles públicos con intereses privados en el sector energético.

Informó la diputada que presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) con 30 preguntas al presidente de YPFB, al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), además de solicitar interpelaciones y acciones legales para esclarecer las supuestas ilícitas.

Enfatizó en que todos los implicados, incluidos directivos actuales, exfuncionarios y empresas privadas vinculadas, deben rendir cuentas.

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