Fue una resolución tomada en el Consejo de Ministros que encabezó el mandatario en la que se definieron cuatro acciones:

“Rescindir contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios, recuperar el patrimonio, definir responsabilidades y procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias”, sentenció el jefe de Estado.

Orsi recordó que el 22 de octubre de 2025 ya había brindado una conferencia sobre el mismo asunto y adelantó la decisión de iniciar el proceso para rescindir el convenio con el armador de Galicia.

Entonces había sido detectado que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama para la construcción de los buques “no existía”, o lo que es “peor aún”, se trataba de “un documento falso”, dijo Orsi.

Lo tachó de “hecho grave” que fue notificado a la empresa, pero luego surgieron nuevas irregularidades.

“Seguimos recogiendo información y nos encontramos con otra novedad: otra garantía, la de reembolso o anticipo financiero, no cumple con lo establecido en el contrato”, expresó.

“El Estado uruguayo ha cumplido absolutamente todas las obligaciones”, afirmó por su parte el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

«Hoy no tenemos garantía de ningún tipo y esto constituye incumplimientos graves, que nos permite rescindir el contrato», argumentó.

A su vez, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, expresó que la decisión es política pero también tiene “connotaciones jurídicas y técnicas”.

El gobierno uruguayo contó con informes recientes de observadores de la Armada y de la auditoria internacional Bureau Veritas.

Los reportes indican “deficiencias en el proceso constructivo”, atrasos de al menos cinco meses y falta de cronogramas actualizados.

También se señala que el astillero “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega”.

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