En una declaración divulgada este viernes, los firmantes sostienen que existe un “renovado embate de persecución política” contra “quienes proponen alternativas para el país y quienes, desde su función en los poderes locales o desde su acción política, responden a las necesidades populares”.

La REDH-EC se refirió a la reciente detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por presunto lavado de activos, “mientras es conocido que esas operaciones se mueven a gran escala en el sector financiero y no en las alcaldías progresistas”.

El pronunciamiento cuestiona también las reformas propuestas desde el Ejecutivo al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que, según el documento, limitarían la capacidad de gestión de los gobiernos locales.

Asimismo, exigen la liberación inmediata del ex vicepresidente Jorge Glas, quien cumple una condena de 13 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y califican su caso como “el ejemplo más recalcitrante de lawfare en Latinoamérica”.

El documento también reclama el cese de la persecución contra el movimiento de oposición Revolución Ciudadana (RC), su líder, el expresidente Rafael Correa, y sus dirigentes, como los excandidatos presidenciales Luisa González y Andrés Arauz.

Entre las demandas, los firmantes piden el fin de toda forma de persecución política, judicial y mediática, el respeto irrestricto a los derechos humanos y garantías para el ejercicio de derechos económicos y sociales en las provincias y zonas rurales.

La declaración está suscrita también por el Comité Internacional de Defensa de Jorge Glas y el Observatorio Lawfare, junto a decenas de personalidades del ámbito académico, artístico, jurídico y político nacional.

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