El instrumento legal propuesto por la presidenta encargada Delcy Rodríguez atravesó por un proceso de seis días de debates, después ser aprobado por unanimidad la semana anterior, conducido por la Comisión para la Convivencia Democrática, presidida por el diputado Jorge Arreaza.

Este grupo de trabajo, junto al Programa para la Paz y Convivencia Democrática, ambas creadas por la jefa de Estado, promovieron intensas reflexiones, con más de dos mil 700 aportes por escrito, que enriquecieron el texto antes de ser sometido nuevamente al Poder Legislativo.

Los debates incluyeron a los cuerpos de seguridad del Estado, universidades, Poderes Públicos, Jueces de Paz Comunales, partidos del Gran Polo Patriótico y de la oposición, el Sistema de Justicia, Organizaciones No Gubernamentales, familiares de víctimas, campesinos y víctimas, entre otros.

Lo que parecía ser un hecho consumado, a partir de las opiniones de políticos, expertos, académicos, jóvenes, trabajadores y lo transcurrido en la primera sesión parlamentaria de debate, encontró una traba importante en el artículo siete que llevó a una parte de la oposición más radical a decir que no la aprobarían.

Ya el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) Jorge Rodríguez lo había advertido de su complejidad y que “no sería fácil”, pero apostó por el entendimiento y la reconciliación en medio del complejo momento que vive el país, luego del secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El polémico artículo número siete establece la exclusión de personas de la aplicación de la Ley que fueron procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos, entre ellos violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución.

Asimismo, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con pena mínima aplicable superior a nueve años de prisión y delitos contra el patrimonio público.

La demanda opositora busca el perdón para aquellas personas radicadas en el exterior que en algún momento cometieron delitos graves como traición a la patria, defalco del erario público, solicitaron invasión y sanciones contra el país, entre diciembre de 1999 y enero de 2026, periodo que abarca la Ley.

Por su parte, la mayoritaria Bancada de la Patria, representada por los partidos que integran el Gran Polo Patriótico, reclaman justicia La diputada Iris Varela manifestó el jueves último que “pareciera que alguien quiere amparar los graves delitos en los que algunas personas incurrieron” he hizo un recuento de sucesos acaecidos en el país como el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez en 2002, y las guarimbas del 2013, 2014 y 2017, que dejaron víctimas.

Varela afirmó que el artículo siete está bien claro al establecer que quien quiera ser amnistiado tendrá que someterse a derecho como bien expone ese apartado “siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley”.

Sus pilares se sustentan en la facultad del parlamento establecido en la Constitución, la libertad y la justicia, el pluralismo político y, sobre todo, la preminencia de los Derechos Humanos, no así la impunidad como ha planteado el secretario general de Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.

Trascendente resultó en la semana también la llegada a Venezuela del secretario de Energía estadounidense, el segundo funcionario de alto rango en visitar al país después del 3 de enero de 2026 -el primero fue el jefe de la Agencia Central de Inteligencia- para alcanzar acuerdos con la presidenta encargada.

Rodríguez y Wright sostuvieron un encuentro privado en Miraflores, sede del Gobierno, y luego con las respectivas delegaciones en el que establecieron “una asociación productiva a largo tiempo” con el objetivo de establecer una agenda energética como motor de la relación bilateral.

La dignataria sudamericana deseó que esa agenda energética sea “productiva, efectiva, complementaria y beneficiosa para ambos países y, sobre todo, para ambos pueblos”.

Subrayó que esa relación y agenda energética “pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos”, y anunció que conversaron sobre aspectos concretos del petróleo, gas, minería y energía eléctrica.

Wright, por su parte, remarcó que la idea parte de planes específicos y forma parte de una “agenda más amplia de Donald Trump de traer la paz, el comercio, evitar los conflictos y las acciones militares”.

Como parte de la agenda de trabajo en la República Bolivariana, la presidenta encargada y el secretario de Energía de Estados Unidos visitaron la empresa mixta Petro Independencia de la Faja Petrolífera del Orinoco.

El recorrido incluyó empresas mixtas con Chevron y de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, donde recorrieron sus instalaciones y compartieron con los trabajadores.

Posteriormente, en contacto con un acto en Caracas ante miles de jóvenes por el Día de la Juventud, Rodríguez manifestó que cumplió una agenda “muy intensa” con Wright y dijo sentirse “muy contenta” de que el camino con Estados Unidos “sea una agenda de respeto, cooperación, en el contexto de nuestra soberanía”.

Subrayó que esa agenda energética pueda encaminarse en el marco de las leyes internacionales y venezolanas.

En ese contexto, en la semana siguieron llegando los vuelos con migrantes deportados de Estados Unidos a través del plan de Gobierno Vuelta a la Patria de los que han retornado más de 200 mil en el último año y más de un millón 600 mil desde el 2018, en que fue creado por Maduro.

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