El pleno, integrado por 13 miembros, otorgó 10 votos a favor de la doctora en derecho, quien sustituirá al magistrado vocal I, Carlos Rodimiro Lucero, que asumió el cargo en funciones ante la situación de parálisis existente.

En conferencia de prensa, Paredes recordó que le corresponde estar al frente de la Comisión de Postulación que elaborará la nómina para el puesto del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) que asumiría en mayo próximo.

Ese ente inició labores días atrás con algunas sesiones y Lucero al frente, en el marco de las cuales analizaron temas relacionados con la convocatoria, el perfil de los aspirantes y otros puntos como el cronograma de trabajo.

Desde este lunes 16 y hasta el viernes 20 recibirán los expedientes de los interesados y luego calificarán la papelería de cada uno, previo a pasar el 20 de abril venidero la lista de seis al presidente del país, Bernardo Arévalo.

En la CSJ, según el diario local La Hora, la presidencia concentra atribuciones estratégicas: fija la agenda del pleno, emite acuerdos, cuida del presupuesto y, sobre todo, este 2026 designa a su magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Fuentes consultadas por ese medio coincidieron en que la llegada de Paredes podría allanar el camino para que la cuestionada Fiscal General, María Consuelo Porras, sea designada magistrada titular de la CC por la vía del Organismo Judicial.

Esto, acotó, si no logra ser electa este lunes en el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, reunido en Antigua Guatemala, una decisión que extendería su inmunidad constitucional por cinco años más.

Señaló, a partir de declaraciones, el vínculo cercano de Paredes con el diputado del partido Vamos Allan Rodríguez, operador político del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

También, que pertenece al grupo gremial ASPA, asociado a Nester Vásquez, actual magistrado de la CC.

Advirtió que en el pleno acompañó resoluciones controvertidas que profundizaron la fractura interna de la CSJ, como la creación de 17 nuevas Salas de Apelaciones.

Asimismo, del ascenso de magistrados suplentes a titulares —una atribución reservada constitucionalmente al Congreso— y el nombramiento de jueces penales y de paz mediante actas criticadas por vacíos de legalidad.

Investigaciones periodísticas documentaron además, de acuerdo con La Hora, que la empresa Constructora 4 Carriles SA., beneficiada con adjudicaciones millonarias durante el gobierno de Giammattei, la constituyó la propia Paredes en su calidad de abogada y notaria.

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