El proyecto, calificado como urgente en materia económica, plantea cambios al régimen que regula a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y establece una asignación mínima prioritaria del presupuesto.
La propuesta fija que el 70 por ciento de los recursos deberá destinarse a inversión y el 30 por ciento a gasto corriente, con aplicación gradual.
Este lunes, feriado de carnaval, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa, discutió el tema en una sesión virtual y varios legisladores expresaron reparos.
La asambleísta Mónica Alemán, del movimiento Revolución Ciudadana (RC) cuestionó el control trimestral de los ingresos propios de los gobiernos locales por parte del Ministerio de Finanzas y advirtió que la medida podría vulnerar la autonomía consagrada en la Constitución.
La también legisladora de la RC Patricia Núñez alertó sobre el posible carácter regresivo de la norma para municipios rurales con baja recaudación y preguntó cómo se podrían reorientar tres mil 400 millones de dólares hacia inversión sin afectar servicios sociales ni personal esencial.
Desde el Ejecutivo, la viceministra de Economía y Finanzas, Daniela Contento, defendió la normativa propuesta y señaló que, pese al aumento de transferencias a los gobiernos locales, de cerca de dos mil 900 millones de dólares en 2023 a más de tres mil 200 millones en 2025, una parte significativa se concentra en gasto corriente.
Según el Gobierno, la norma busca racionalizar el gasto y garantizar mayores recursos para infraestructura y servicios básicos como salud, educación y vivienda.
En redes sociales, el economista Juan Pablo Jaramillo sostuvo que la reforma implicaría una “sanción financiera” para los gobiernos locales y cuestionó la viabilidad de reorientar miles de millones de dólares cuando los presupuestos ya fueron aprobados.
La comisión continuará el análisis del proyecto antes de elaborar el informe para un segundo debate en el pleno parlamentario, pues en un primer momento rechazaron archivar el proyecto.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, criticó la normativa y cuestionó que quienes se oponen no hayan podido acudir a la Comisión a exponer sus argumentos.
Según Pabón, la propuesta compromete servicios que actualmente ejecutan las administraciones provinciales y municipales, entre ellos programas de salud, escuelas deportivas, ferias de emprendedores, entre otros.
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