En un comunicado, la cancillería ecuatoriana señaló que decidió activar mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena para defender sus derechos frente a medidas previamente adoptadas por Colombia que afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador dijo haber identificado incumplimientos por parte del país vecino en cuanto a decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos comunitarios.
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones del país de la mitad del mundo presentó este martes ante la Secretaría General de la CAN, tres reclamos formales contra Bogotá “por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional”.
Más temprano se supo que el Ministerio de Comercio de Colombia interpuso dos recursos contra los aranceles del 30 por ciento que impuso Ecuador a los productos de la nación cafetera.
El conflicto se desató cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dijo que aplicaría una “tasa de seguridad” del 30 por ciento sobre las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero.
Su argumento fue la presunta falta de reciprocidad y acciones insuficientes del Gobierno de Gustavo Petro contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
El Ejecutivo colombiano rechazó esos señalamientos y respondió con el anunció de un gravamen similar del 30 por ciento a productos ecuatorianos.
Asimismo, Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador, mientras Quito elevó en más del 900 por ciento la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.
Las cancilleres de ambos países se reunieron primero en Panamá, donde no hubo anuncios concretos, y luego en Quito junto a altos funcionarios, incluidos los ministros de Defensa, para abordar seguridad fronteriza, energía e hidrocarburos.
Colombia declaró que en esa reunión solicitó suspender los aranceles, pero Ecuador condicionó cualquier revisión de la medida a resultados verificables en seguridad.
Tras los encuentros, ambas partes intercambiaron nuevas acusaciones sobre el control efectivo de la frontera de 600 kilómetros, donde el impacto económico ya es visible, pues según reportan medios locales el comercio bilateral está casi paralizado.
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