En medio de una conmoción nacional, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, aseguró que “garantizamos una investigación oportuna de la mano con la Policía para esclarecer el hecho y sentar como precedente que la fiscalía continuará trabajando para asegurar que la labor periodística sea respetada”.

Afirmó que este caso fue tipificado como “robo, lesiones graves y leves”.

El periodista F. Jesús Z.S., de 36 años, formuló la denuncia sobre un asalto en un taxi cuando se dirigía a su domicilio.

Según el certificado médico emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), “(…) la víctima presentaba hemorragia subconjuntival en el globo ocular derecho e izquierdo, heridas suturadas en el rostro, además de presentar una herida superficial suturada en la lengua (…)”.

Aclara este documento que esa herida “se habría producido con sus piezas dentarias al momento de recibir un golpe en el mentón (…)».

La agresión ocurrió el 12 de febrero, cuando el periodista se encontraba en inmediaciones de la zona Villa Adela, después de consumir bebidas alcohólicas con unos compañeros de trabajo, de acuerdo con el IDIF.

Advierte el Ministerio Público que, después de golpearlo y robarle a Jesús Z.S., los delincuentes lo abandonaron en la zona Kisawaras, tras robarle el teléfono celular, una Tablet, una cámara fotográfica, un micrófono inalámbrico y mil 800 bolivianos (dos mis dólares).

La Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado condenó ese ataque e instruyó una pesquisa con el objetivo de esclarecer el atentado.

“(…) Informamos que se ha instruido una rigurosa investigación, la cual ya se encuentra en curso por parte de las autoridades competentes”, aseguró un comunicado.

La estructura gubernamental manifestó, asimismo, su respaldo a la labor informativa y al reportero agredido, además de ratificar su compromiso de garantizar condiciones de seguridad para el gremio y la ciudadanía.

Por su parte, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, condenó el ataque, advirtió que constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y de prensa, y anunció que ya está en marcha la pesquisa.

De su lado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa del país andino-amazónico calificaron el hecho de intento de asesinato.

“Exigimos una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales (…)”, demandaron los dos gremios en un comunicado.

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