La manifestación del órgano tributario brasileño ocurrió después de que la Policía Federal realizara una operación para investigar la divulgación indebida de datos protegidos de integrantes de la máxima corte y de sus parientes.

La acción fue autorizada por el magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso en el STF, a pedido de la Procuraduría General de la República y, según las autoridades, se cumplieron cuatro órdenes de registro e incautación en los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía, reportó la Agencia Brasil.

No se reportaron detenciones, pero la Justicia impuso medidas cautelares a los investigados, entre ellas la suspensión del ejercicio de funciones públicas, uso de tobillera electrónica, prohibición de salir del país y cancelación de pasaportes.

En un comunicado, la Receita Federal afirmó que “no tolera desvíos, especialmente en relación con el sigilo fiscal, pilar básico del sistema tributario” e informó que el 12 de enero el STF solicitó una auditoría en sus sistemas para identificar accesos indebidos a datos de ministros, familiares y otras autoridades durante los últimos tres años.

De acuerdo con el órgano fiscal, desde el ente ya se había abierto un procedimiento investigativo un día antes, a partir de informaciones divulgadas por la prensa.

La auditoría, que involucra decenas de sistemas y contribuyentes, continúa en curso, y las irregularidades detectadas fueron comunicadas preliminarmente al relator del caso en el Supremo.

El comunicado agregó que la Receita Federal dispone de sistemas totalmente rastreables, de modo que cualquier desvío es detectable, auditable y punible, incluso en la esfera penal.

Las investigaciones apuntan a que el sigilo fiscal de la abogada Viviane Barci de Moraes, esposa del juez Alexandre de Moraes, habría sido vulnerado sin autorización, y también se identificó el acceso indebido a la declaración del Impuesto sobre la Renta del hijo de otro magistrado de la Corte.

La Receita Federal destacó que desde 2023 amplió los mecanismos de control de acceso a datos fiscales, con mayor restricción de perfiles y refuerzo de sistemas de alerta.

En ese período fueron concluidos siete procesos disciplinarios, que derivaron en tres destituciones y sanciones administrativas para otros involucrados.

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