Está previsto que un plenario de comisiones de la cámara baja discuta el proyecto el miércoles 18 con la presencia de representantes del sindicalismo y el empresariado, una participación simbólica en este debate, pero aun así de peso.

Ideal para el ejecutivo sería obtener un dictamen ese mismo día sin ningún retoque del texto aprobado en el Senado la semana pasada, pero no será así pues ya sus operadores legislativos adelantaron que admiten cambios en el artículo que trata las licencias médicas.

Desde el oficialismo dijeron que quieren convocar a la Cámara de Diputados el jueves 19, donde tiene mayoría, y obtener su aprobación aunque el texto quede modificado, lo cual se da por descontado.

Eso significará que el anteproyecto tenga que regresar a la cámara alta si es sancionado por el pleno de Diputados el jueves como quiere lograr el bando libertario, y así que pase al recinto senatorial y allí reciba la aprobación final antes del 27 de febrero.

El apuro del trámite exprés en sesiones extraordinarias tiene para el oficialismo un doble objetivo: que Milei pueda coronar su discurso de apertura del año legislativo, el 1 de marzo, presentado la reforma más profunda en las relaciones entre trabajo y capital de los últimos 50 años, explica el comentarista político Walter Curia en el diario Perfil.

Ese mensaje, simbólico, tendrá varios destinatarios, uno de ellos es Washington, de donde proviene en buena medida la sustentabilidad financiera de Milei quien ahora podrá mostrar sustentabilidad política, cierra Curia su opinión.

Como en política los intereses pesan, la aliada Propuesta Republicana también le mete presión a la bancada de Milei –algo quiere obtener- y también demanda cambios en los apartados sobre licencias por enfermedad y accidentes y en el cobro de salarios. Con ello, busca que el texto modificado vuelva al Senado, lo que podría demorar la aprobación de la ley en los tiempos que desea el Presidente, sugiere Perfil.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que todos sus sindicatos afiliados realizarán un paro el día que los diputados deliberen la norma, el cual será respaldado por los gremios del transporte lo que puede paralizar, al menos, el Área Metropolitana de Buenos Aires que abarca a la capital y a una veintena de municipios de la provincia colindante homónima.

Por su parte, el Frente Sindical Unido, integrado por la Unión de Obreros Metalúrgicos, la Asociación de Trabajadores del Estado, Aceiteros y las dos Centrales de Trabajadores de Argentina, ya anunció también por su parte un paro con movilización el día de sesión en la cámara baja.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública, la titular Alejandra Monteoliva previno que endurecerá el protocolo antipiquetes y que las fuerzas represivas harán revisión de mochilas y banderas.

El ejecutivo, por su parte, lanzó la amenaza de que les descontará el día a los empleados estatales que paren y se sumen a la movilización.

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