Los aspirantes podrán inscribirse hasta el martes 3 de marzo y entre los requisitos contra que deben ser ecuatorianos, contar con título universitario en Derecho, tener al menos 10 años de experiencia profesional y acreditar conocimientos sólidos en gestión administrativa.
El Cpccs solicitó al Ministerio del Interior seguridad policial especial en sus instalaciones durante la etapa de recepción de documentos.
La Comisión Ciudadana de Selección evaluará méritos y probidad de los aspirantes está integrada por cinco delegados de funciones del Estado y cinco representantes de la sociedad civil.
El jurista Esteban Ron cuestionó la falta de rigor técnico en la conformación de la Comisión y consideró que ese grupo “podría ser modulado por intereses políticos”.
“Varios de los comisionados no cumplieron con los requisitos básicos, lo que genera dudas sobre si se trata de criterios técnicos o de conveniencia política”, comentó Ron en entrevista con una radio local.
El abogado Joselito Argüello, excluido de la Comisión, también advirtió que el Fiscal General que resulte del concurso carecerá de legitimidad, debido a las irregularidades, falta de transparencia y exclusión arbitraria en el proceso.
Argüello afirmó que varios comisionados “no cuentan con la experiencia necesaria en materia penal para evaluar técnicamente a los candidatos” y que esto evidencia la ausencia de garantías mínimas para un concurso imparcial e independiente.
Carlos Leonardo Alarcón, actual fiscal general encargado, no descarta postularse para permanecer en el cargo hasta 2032 y se perfila como uno de los aspirantes.
Alarcón asumió la Fiscalía tras la renuncia del fiscal subrogante Wilson Toainga, oficializada el 21 de noviembre de 2025, quien a su vez había reemplazado a la titular Diana Salazar desde mayo de 2025.
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