En conferencia de prensa, la autoridad subrayó que este tipo de pronunciamientos constituye un llamado de atención dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos cuando existen señalamientos sobre posibles vulneraciones, graves, con menores involucrados.
En correspondencia con los principios de derecho, acotó, los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley.
Corresponde al Estado, a través de sus instituciones, asegurar que la verdad se establezca por las vías legales previstas, remarcó Saavedra, en una situación que relaciona a la actual Fiscal General, Consuelo Porras, quien habría sido la “tutora legal” de algunos de estos menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
Por ello, amplió en el espacio llamado La Ronda, activamos el mecanismo jurídico ante el Ministerio Público que permite que los sucesos sean investigados con independencia, objetividad y apego al debido proceso.
Asimismo, añadió, la Procuraduría solicitó ser admitida como querellante adhesivo con el propósito de contribuir vivamente al proceso, aportando elementos que coadyuven con el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de la investigación.
Nuestro deber es claro, asegurar que las instituciones llamadas por la ley puedan cumplir su función y que la justicia opere a través de procedimientos transparentes y objetivos, aseveró el funcionario.
Los expertos de la ONU pidieron el pasado lunes “investigaciones independientes” sobre la supuesta implicación de varios funcionarios públicos, entre ellos Porras, en el aso de las adopciones ilegales durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Mostraron su preocupación por la información recibida de que “al menos 80 niños indígenas fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez después de su captura y desaparición forzada”.
Advirtieron que “actualmente se está llevando a cabo un proceso de nombramiento judicial” y exhortaron “a todos los actores a ejercer cautela ante estas graves alegaciones, que aún no han sido investigadas”.
Porras sufrió un revés, de acuerdo con analistas, al postularse para el cargo de magistrada de la Corte Constitucional en el periodo 2026-2031 por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, pero podría llegar a través de la Corte Suprema de Justicia.
Informes oficiales dieron cuenta aquí que durante el conflicto armado interno chapín unos 35 mil niños, mayoritariamente de poblaciones indígenas, fueron robados y dados en adopción ilegal a países como Bélgica y Canadá.
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