La solicitud, que lleva las firmas de Castillo y Ayala, invoca el artículo constitucional que faculta al Presidente a otorgar la gracia, aunque en los últimos años se creó un reglamento que establece requisitos y solo puede darse a sentenciados en forma definitiva. El exgobernante está a la espera del resultado de una apelación.

En el texto, Castillo, quien está preso desde diciembre de 2022, cuando fue destituido por intentar el cierre del Parlamento, sostiene que fue condenado a 11 años de prisión en noviembre de 2025 por presunto delito de rebelión, por persecución política y no por un proceso justo.

Solicita que su solicitud se evalúe bajo el principio de humanidad y plantea que su liberación sería un gesto de reconciliación nacional, además de invocar el compromiso político que, según Castillo, asumió Balcázar.

El nuevo gobernante desestimó su ofrecimiento al señalar que no está en su agenda de gobierno y Ayala alegó que su pedido pone sobre la mesa el tema del indulto y este requerirá de un trámite.

El abogado dijo también que Castillo confía en ser absuelto en última instancia judicial dentro de pocos meses, sin necesidad de indulto, pero presentó la petición para generar una definición política de Balcázar.

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