Esa decisión acoge una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), que consideró insuficientes las pruebas para sustentar una nueva denuncia penal contra la exparlamentaria.
La investigación había sido abierta en junio del año pasado, luego de que Zambelli declarara en una entrevista que, tras abandonar Brasil, pretendía permanecer en Estados Unidos y solicitar asilo político al gobierno de Donald Trump.
Según afirmó De Moraes en ese momento, Zambelli también dijo que adoptaría el “mismo modus operandi” utilizado por el diputado Eduardo Bolsonaro para desacreditar a las instituciones brasileñas en el exterior.
La pesquisa buscaba determinar si la salida del país constituyó una tentativa de obstruir el proceso penal relacionado con la invasión al sistema electrónico del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), hecho por el cual la exdiputada fue sentenciada a 10 años de prisión.
En mayo de 2025, la Primera Sala del STF la condenó por unanimidad a una década de cárcel en régimen cerrado por su participación en la inserción de documentos falsos en la base de datos del CNJ, entre ellos un supuesto mandato de prisión contra el propio magistrado.
De acuerdo con las indagaciones, la exdiputada actuó como autora intelectual del ataque informático, ejecutado por el hacker Walter Delgatti Neto, quien confesó haber realizado la invasión por encargo de Zambelli y también fue condenado.
Unos 20 días después de la sentencia, la exparlamentaria abandonó Brasil por vía terrestre hacia Argentina y posteriormente viajó a Estados Unidos, alegando razones médicas, un movimiento considerado por el STF como fuga, por lo que decretó su prisión preventiva e incluyó su nombre en la lista roja de Interpol.
En julio de 2025 fue detenida en Roma, Italia, país del cual posee ciudadanía y donde actualmente permanece recluida en la penitenciaría femenina de Rebibbia, mientras la justicia local analiza el pedido de extradición formalizado por el gobierno brasileño.
A finales del año pasado, tras una controversia institucional sobre la pérdida de su mandato parlamentario —que el STF consideró automática debido a la condena— Zambelli presentó su renuncia a la Cámara de Diputados.
La decisión De Moraes de archivar la pesquisa no altera la condena ya impuesta ni el proceso de extradición en curso en Italia, cuya resolución final deberá adoptarse en las próximas semanas.
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