En su comunicado denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negó, en una arbitraria decisión, la participación a su candidato presidencial, Iván Cepeda, en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, y también revocó y alteró la inscripción de varias de sus listas al congreso, lo cual generó incertidumbre e inseguridad jurídica.

Añadió que desde el pasado 20 de enero fueron presentadas en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales varias solicitudes encaminadas a garantizar la participación y la transparencia en el proceso electoral que, de acuerdo con esa colectividad, no han sido todavía resueltas.

Entre otras cuestiones, alertó el partido que en la capacitación de jurados se está dando la instrucción de entregar a todos los electores el tarjetón de las consultas, en contravía de la ley que señala que este debe ser solicitado por los ciudadanos.

“En nuestro caso, son varios los hechos de violencia contra personas que están entregando propaganda electoral y muy especialmente, la destrucción de murales y pasacalles del Pacto Histórico, transmitidos por redes sociales por candidatos de otros partidos políticos”, subrayó además la comunicación.

Por otra parte, llamaron la atención sobre la necesidad de prestar atención a temas tan cruciales como: la posible injerencia extranjera indebida en asuntos electorales, la inseguridad técnica y jurídica del manejo de los datos de las y los testigos; los posibles ataques cibernéticos y de manipulación del software y los resultados.

“Ante estos riesgos y la falta de respuesta oportuna de las autoridades electorales hemos decido ampliar y fortalecer nuestros mecanismos de cuidado electoral, buscando generar una gran movilización ciudadana en defensa de la democracia, y particularmente garantizando el ejercicio de los derechos políticos del Movimiento Político Pacto Histórico, sus candidaturas y de la ciudadanía”, apuntó el documento.

Señaló que la estrategia a seguir ante el panorama descrito versará en varios ejes fundamentales: exigir de todas las autoridades nacionales y locales plenas garantías electorales; realizar seguimiento y denuncia a los delitos e irregularidades; propiciar un amplio proceso de acompañamiento y observación electoral internacional; así como contar con un equipo nacional de abogados escrutadores.

“Para lograr llevar a cabo esta estrategia de cuidado electoral hemos construido una robusta plataforma electoral, que hemos llamado, Registraduría Popular, que nos permita gestionar y contrastar en tiempo real la información del proceso electoral, este sistema permitirá detectar inconsistencias de manera inmediata y activar las acciones jurídicas pertinentes cuando sea necesario”, concluyó el comunicado.

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