El nuevo sistema responde al mandato constitucional de 2019 y al Código de las Familias de 2022. Entre sus principios rectores figura la consideración de los infantes como personas en desarrollo y sujetos de especial protección, con responsabilidad compartida entre familias, instituciones educativas y entidades estatales para asegurar entornos inclusivos y libres de violencia.

La estructura se organiza en siete subsistemas especializados: Educación, Salud, Protección frente a la violencia, Cuidado alternativo, Protección social, Prevención e intervención temprana, y Justicia penal adolescente, cada uno con funciones específicas para atender las diversas dimensiones de la vida infantil y juvenil.

Este entramado institucional constituye un paso decisivo en la protección integral de la infancia en Cuba y establece mecanismos de seguimiento y evaluación periódica para garantizar su eficacia.

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